El impacto de la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo abusivas contenidas en miles de hipotecas está haciéndose notar ya en el sector financiero andaluz. Una de las dos grandes entidades que aún tiene sede social en Andalucía, la almeriense Cajamar que es el primer grupo rural de España, ha anunciado que en 2016 ha tenido que provisionar (guardar dinero para afrontar obligaciones futuras de pago) 200 millones de euros para afrontar esas devoluciones.
Con ello, según detalla la entidad, el beneficio de 2016 será de 75 millones de euros, prácticamente el mismo que en 2015 (70 millones). Fuentes de Cajamar señalaron ayer que mantener el resultado en esa cifra supone cumplir las previsiones de la caja.
La entidad que preside Eduardo Baamonde explica en un comunicado a la CNMV (el regulador bursátil español que ha pedido explicaciones sobre el tema a varias entidades) que esa cantidad “es el importe máximo que tendría que afrontar de aplicarse retroactivamente la devolución de cantidades a la totalidad de sus operaciones hipotecarias con consumidores, incluidas las afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, el grupo estima a esta fecha que el impacto final será notablemente inferior al provisionado, atendiendo principalmente al principio de la cosa juzgada”.
La sentencia del Supremo a la que se refiere el comunicado es la de mayo de 2013 que declaró abusivas las cláusulas suelo de Cajamar, BBVA y NovaCaixaGalicia (hoy, Abanca) y que llevó a estas entidades a eliminar sus cláusulas suelo.
Cajamar añade que cumplirá “estrictamente” el decreto del Gobierno del pasado viernes que regula el mecanismo extrajudicial para que banca y clientes apliquen el contenido de la sentencia europea. Y que ello no alterará la “valoración del posible impacto máximo” de la devolución de las cantidades cobradas de más por esas cláusulas.
Otra de las principales rurales andaluzas, la de Granada, también explicó ayer a la CNMV que tiene provisionados 45 millones para afrontar el impacto de devoluciones retroactivas de todo lo cobrado de más. De esa cofra, 16 millones se han añadido en 2016 tras conocerse la sentencia europea.
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