La Junta de Andalucía ha encontrado en el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas, conocido popularmente como “el canon del agua”, un eficaz instrumento inversor seis años después de dar luz verde a su implantación. La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, celebró este lunes sus bondades durante una visita a las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Palomares del Río. En total, gracias a las aportaciones de todos los andaluces en sus recibos, la Administración autonómica ha recaudado en todo ese tiempo 324 millones, cuyo destino final comienza a conocerse ahora con retraso. Durante un lustro la oposición preguntó sin éxito y de forma insistente en qué se invertía y ese silencio le ha granjeado a la Junta más de un tirón de orejas.
Aunque ahora se alabe su aportación para la transformación del sistema de depuración, no fue hasta el pasado 28 de diciembre cuando la Consejería de Medio Ambiente detalló por fin el destino de las partidas y el listado pormenorizado de obras. Lo hace desde entonces en su página web después de que el titular del departamento, José Fiscal, se viera forzado a comprometerse en sede parlamentaria a un ejercicio de transparencia ante el carrusel de quejas que le había llovido desde la oposición. Regulado en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, el canon fue concebido para compensar los altos costes que genera la inversión en las infraestructuras de depuración declaradas de interés general. Los usuarios sabían de su existencia porque aparecía como concepto en las facturas que abonan, pero hacia dónde se derivaban sus aportaciones era casi un misterio.
Gracias a la “transparencia” articulada con seis años de retraso ahora se conoce, por ejemplo, que se han ejecutado obras de mejora por valor de 143 millones y había otras en ejecución a 31 de diciembre por un montante de 128,7 millones. El canon tiene carácter finalista, lo que obliga a invertir el 100% de lo recaudado en ese objetivo concreto sin posibilidad de desviar las partidas.
La Junta de Andalucía presume ahora de buen uso de sus fondos, pero en el camino de seis años desde que instituyó el canon ha recogido duras críticas. La más contundente le ha llegado en más de una ocasión por el flanco de la Cámara de Cuentas. El organismo que se encarga de fiscalizar el capítulo de gastos e ingresos de la Administración autonómica le afeó por ejemplo en septiembre de 2015 que no existiese “un plazo razonable” para invertir esos recursos a los que contribuían puntualmente todos los andaluces. Y le puso entonces un ejemplo claro: la Consejería de Medio Ambiente recaudó entre 2011 y 2013 algo más de 133 millones, pero sólo justificó obras por valor de 32 millones. “Supone un desfase de 101,07 millones”, le recordó la Cámara antes de imponerle la tarea de realizar “un seguimiento contable de gastos e ingresos” que pusiese “de manifiesto el destino que se le da a los recursos recaudados por esta figura tributaria”.
También el Defensor
El Defensor del Pueblo Andaluz también terció ante la información que la Junta facilitaba con cuentagotas. Ante sus requerimientos para que se detallase el nivel de obras ejecutadas, Medio Ambiente llegó a alegar que no podía afinar demasiado en la información porque aún estaba pendiente de “contratar una herramienta informática” que le ayudase a contabilizarlo. La institución que preside Jesús Maeztu intuía en noviembre que se da prioridad a las obras sobre las que pende la amenaza de una sanción de Bruselas por su inejecución y que se deja dormir el resto.
Entre tribunales y amagos de sanción
El PP ha clamado en los últimos meses contra lo que intuye un “engaño masivo” de la Junta por cobrar el canon pero dejar de invertir hasta 287 millones. Llegó incluso a amagar con acudir a los tribunales. Lo hizo además cuando se conoció que Bruselas estaba dispuesta a sancionar a España por el funcionamiento deficiente de sus depuradoras, entre ellas las andaluzas de Isla Cristina, Alhaurín el Grande y Matalascañas.
