Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han trasladado al Ministerio de Hacienda su propuesta de que el nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá aprobarse este año, contemple la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han recibido, instrumento financiero que creó el Gobierno en el verano de 2012 cuando los gobiernos autonómicos tenían cerrados los mercados y por el que ha desembolsado en torno a 100.000 millones de euros.

En concreto, según trasladaron a Europa Press en fuentes del Gobierno, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias --que recibe fondos de un instrumento de facilidad financiera parecido al FLA-- y Baleares recogen esta demanda entre sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación y, en todos los casos, argumentan esta petición en compensación por la deuda generada por la infrafinanciación que consideran que padecen.

El Gobierno admite, según las mismas fuentes, que podría aceptar dicha demanda, pero solo en aquellas comunidades que reciben una financiación por debajo de la media nacional a través del modelo vigente en la actualidad, si bien no precisa qué comunidades estarían en esta situación.

Además de esta petición, otra propuesta que se repite en algunas comunidades es la concesión de anticipos a cuenta de los fondos de convergencia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Baleares, propuesta que el Gobierno no ve mal aplicar en el nuevo modelo de financiación en caso de que se diseñen fondos sin entregas a cuenta.

FEDERALISMO FISCAL PARA CATALUÑA

En el caso concreto de Cataluña, esta comunidad, junto con Baleares, es la que va más allá en sus reclamaciones y pide avanzar hacia el federalismo fiscal, de modo que los tributos se queden en el territorio en el que se recaudan, como sucede ahora en País Vasco o Navarra. Asimismo, apuesta por utilizar un medidor del coste de vida, como por ejemplo el IPC o aplicar el principio de ordinalidad, por el que tras el reparto de los fondos, si existen desigualdades, se respete el orden original.

Por su parte, Galicia quiere garantizar los costes reales de los servicios públicos y priorizar la financiación de la sanidad, mientras que Andalucía demanda una mayor armonización de los impuestos entre comunidades para evitar el 'dumping fiscal', demanda a la que se suman otras comunidades como Asturias y Castilla-La Mancha.

Tener en cuenta la población y los servicios públicos que se han de ofrecer, así como la dispersión o el envejecimiento, son otras de las propuestas que se repiten en las comunidades. En este caso, aparecen en las medidas propuestas por Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid o Extremadura.

Prácticamente la totalidad de las comunidades piden establecer un catálogo de servicios común, cuya dotación esté asegurada y por identificar claramente las variables que determinan el coste de prestación de los servicios fundamentales, estableciendo las diferencias particulares entre autonomías.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico solicita elaborar un sistema más simple que el actual y usar la población padrón como variable de distribución de los fondos, en lugar del indicador de población ajustada actual.

De su lado, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica con un enfoque más vinculado a la nivelación de los recursos destinados a los servicios públicos fundamentales y a su desvinculación de las oscilaciones considerables del ciclo económico, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.

COMISIÓN DE EXPERTOS

Este es el planteamiento que el Gobierno pretende trasladar a la Comisión de Expertos que se creará en breve, y que contará con un representante de cada comunidad, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación que sea estable --aunque se pueda ir revisando-- y cuyos ingresos no dependan tanto del ciclo económico, ya que en épocas de bonanza hay más financiación, mientras que en crisis, los ingresos disminuyen considerablemente.

La intención del Gobierno, según las mismas fuentes, es acordar un "ideario básico" y "cuestiones concretas" de la reforma del sistema que sirva de base a la discusión de los expertos, ya que establecer de antemano los temas sobre los que se tiene que pronunciar la comisión, permitirá, según el Ejecutivo, enfocar los trabajos.

Además, la idea del Gobierno es que el Comité debata las cuestiones pero sin la necesidad de llegar a un acuerdo, sino que posteriormente se encargaría el Ministerio de Hacienda de elaborar un informe que recogería las diferentes aportaciones de los expertos e incluso podría hacer propia alguna de ellas.

En cuanto al desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos, el Gobierno contempla que se reúna en varias sesiones, en cada una de las cuales se tratarían unos determinados temas. A partir de lo hablado en dichas sesiones y los documentos aportados, el Ministerio de Hacienda recogerá y sintetizará las propuestas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

SE APROBARÁ EN EL CPFF

Este órgano, de acuerdo con el 'modus operandi' del Gobierno, es quien tendrá la última palabra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que las propuestas del Comité de Expertos no serán vinculantes. En la última fase de las discusiones, asegura el Ejecutivo, será necesario compaginar las actuaciones de este órgano multilateral con reuniones bilaterales, en las que se busque a través de la negociación política el apoyo necesario para la aprobación de un modelo consensuado.

Las comunidades, por su parte, ya remitieron al Ministerio de Hacienda el pasado mes de abril un documento con el funcionamiento del modelo actual en los cinco primeros años de aplicación del mismo (2009-2013) y muchas de ellas ya han enviado también el nombre de su candidato a integrar la citada Comisión de Expertos, como es el caso de Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Ceuta.