La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha imputado a Patrocinio Sierra García, esposa del 'conseguidor' de los ERE y ex sindicalista de UGT-A Juan Lanzas, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE.
En una providencia fechada el 12 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende así la petición realizada por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía y acuerda llamar al procedimiento en calidad de investigada a la mujer de Juan Lanzas.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito consultado por Europa Press, también apoyó la petición de la Junta al considerar "justificado" que Patrocinio Sierra fuera citada como investigada por su "ilícita" inclusión como beneficiaria de la póliza suscrita tras el ERE de la empresa Hitemasa, "para la cual nunca trabajó, y cuyas cuantías obedecían al pago de comisiones ilícitas a favor de su marido".
La Junta pidió la imputación de la mujer de Lanzas en un escrito donde hacía mención al auto de 9 de noviembre donde el juez Álvaro Martín, que cesó como refuerzo del Juzgado en diciembre, delimitó dicha pieza separada y amplió a 30 el número de investigados, conforme a la petición realizada por la Administración autonómica.
La Junta asevera que en la relación de las personas llamadas al procedimiento en calidad de investigadas "no se ha incluido" a la esposa de Juan Lanzas, beneficiaria de la póliza de Hitemasa e imputada en la causa matriz de los ERE fraudulentos, por lo que reiteraba su petición para que fuera citada como investigada.
El 9 de noviembre de 2016, el juez dictó un auto en el que ratificó la imputación del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en la pieza separada por las sobrecomisiones y amplió a 30 el número de personas investigadas en esta pieza.
El instructor considera que Rivas, como delegado de Empleo en Sevilla, "consintió y favoreció el desarrollo de ERE, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas".
"Sin perjuicio de lo que finalmente pueda acordarse, no cabe apartarlo del procedimiento en este momento, por cuanto el mismo está indiciariamente relacionado con los hechos que se investigan", argumenta el magistrado en este auto.
CUÑADO DE LANZAS
En el auto, el juez accedió además a la petición realizada por la Junta de Andalucía e imputó a otras 19 personas, entre ellas Carmelo Cruz, cuñado de Lanzas, o el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.
El magistrado, además, atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en relación a una más concreta narración de los hechos y su vinculación con cada uno de los investigados.
En este sentido, relata que entre los años 2000 y 2011 "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo" el denominado procedimiento específico, cuyo objeto "era la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", que fueron objeto "de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario".
LOS HECHOS
El instructor añade que, "para alcanzar ese fin de distribución, se empleó entre otras técnicas" la de contratación de pólizas de renta colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a trabajadores que se prejubilaban o quedaban afectados por ERE, no obstante lo cual, "aprovechando estos expedientes y la falta de control administrativo de los procedimientos de concesión de las ayudas, se operó introduciendo personas que no tenían derecho a estas ayudas o afrontando pagos indebidos".
Para lograr tal resultado final, "se precisó de la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado", asevera el juez, que indica que "se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto" de esta pieza separada.
El juez acordó dejar fuera de la pieza a cuatro personas inicialmente imputadas, como son Antonio Garrido Santoyo, Damián Jiménez Rueda, Luis Javier García de los Reyes, y Mariano Martínez Fernández al entender que "no existen méritos para vincularlos" con esta pieza, y ello "en la medida en que los mismos presentan la condición de lo que ha venido en denominarse 'intruso', pero no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas".
Respecto a Juan Lanzas, el instructor dice que "actuó en numerosos expedientes de ayuda como mediador, logrando la financiación de la Junta y facilitando la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís en lo referente a la tramitación de las ayudas a la empresa", de manera que, "por la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada".
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