El ex presidente andaluz insta al PP a presentar la querella ante el Tribunal Supremo

El ex presidente de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, manifestó ayer su deseo de que el PP “presente ya” la querella para que el Tribunal Supremo “aclare todo lo que tenga que aclarar”, apuntando que “hay muchas cosas que reparar” y que el estado de derecho tiene instrumentos para hacerlo.

Así se manifestaba Chaves tras ser preguntado por la polémica que rodea la subvención que otorgó la Junta, cuando él era presidente, a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja su hija como apoderada.

El ex presidente reiteró que “en el momento en el que la Agencia IDEA y el Consejo de Gobierno aprobó el incentivo, nadie de mi familia había tenido acceso a ese expediente”, puntualizando que él sólo sabía “que mi hija trabajaba en el departamento jurídico de una empresa privada”.

Según Chaves, ha habido “muy pocos temas” que se hayan tratado con tanta “claridad y transparencia”, y lamentó que el PP “se haya introducido en la política andaluza con tanto odio y tanto deseo de venganza” y manipulando las instituciones, como es el caso del Tribunal Supremo.

“Yo quiero que el PP presente ya la querella ante el Supremo, ya hay otra. Es bueno que el Supremo aclare judicialmente todo lo que tenga que aclarar”, apuntaba Chaves para señalar que en este asunto “hay muchas cosas que reparar, no sólo por el ex presidente de la Junta” y que el estado de derecho tiene “instrumentos para solventarlo”, dando a entender que iniciarán acciones legales contra los denunciantes tras la resolución del Supremo.

Sobre este aspecto se pronunciaba ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien anunciaba que “en los próximos días” presentarán ante el Tribunal Supremo la querella contra el ex presidente andaluz, Manuel Chaves, por la subvención a Matsa, y lo hará por la vía penal y por la contencioso administrativa.

La querella por la vía penal, que “está definiéndose”, es por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al autorizar la subvención, mientras que por la vía contencioso administrativa se presentará al entender que el vicepresidente tercero del Gobierno ha incumplido la ley de incompatibilidades de altos cargos.