La Junta de Andalucía está dispuesta a llevar hasta sus últimas consecuencias el pulso que le lanzó el pasado mes de noviembre al Gobierno central a cuenta de la restitución de las 35 horas semanales en la Administración autonómica, 2,5 por debajo de las que Mariano Rajoy impuso en todo el Estado en 2012 cuando arreciaba la crisis. El Ejecutivo de Susana Díaz, que desde entonces se enfrenta a un recurso ante el Tribunal Constitucional del que ha acabado rehuyendo el PP, quiere anotarse incluso una victoria en el calendario. Comenzará a aplicar la medida a todo su personal el próximo lunes, dos días antes de que se celebre la Comisión Bilateral de Cooperación en la que se suponía que debía negociarla con Madrid. Cuando la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se siente en la misma mesa con los enviados de Mariano Rajoy el órdago estará ya consumado.
La Junta se justificó este martes por boca de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, alegando que el Gobierno central tuvo tiempo suficiente para fijar la cita y que no está dispuesta por ese retraso voluntario a tocar el calendario de su decreto-ley. “Lo vamos a llevar a la práctica. Además disponemos de toda la logística para llevarlo a cabo”, confirmó Vázquez, porque es un acto “de justicia” que “beneficia” a los empleados públicos. El Gobierno del PP ha hecho gala en los últimos meses del nuevo talante negociador al que le obliga su debilidad parlamentaria en el Congreso y no ha activado el botón del veto ante el TC que sí había lanzado contra otras comunidades. La Junta olfatea esa flaqueza y ha terminado por anotarse la victoria parcial en ese contencioso.
La batalla entre los gobiernos central y autonómico se librará también en buena medida la próxima semana en el Senado en torno a la Conferencia de Presidentes. Allí se verán las caras Mariano Rajoy y la que puede convertirse en apenas meses al frente del PSOE en una de sus grandes oponentes, Susana Díaz. La presidenta andaluza ha encargado a su Gabinete pulir en lo que queda de semana la carpeta de reivindicaciones con la que viajará hasta Madrid. Están la consabida reforma del modelo de financiación autonómica, la lucha por un reparto equitativo y al 50% del coste de la Dependencia o el pacto educativo, pero se añadien nuevos encargos.
La Junta suma ahora, por ejemplo, la petición de que los autónomos puedan fraccionar la devolución del IVA a la Agencia Tributaria en trimestres y no cada 30 días. También aflora la petición de una “armonización fiscal”. Ahí, al entrar en detalles, afloran algunas contradicciones. No hay una propuesta firme aún porque está moldeándose, pero el portavoz del Consejo de Gobierno dejó un recado: si la reforma fiscal que debe afrontar aún Rajoy se tradujera en una eliminación o armonización a la baja del Impuesto de Sucesiones Andalucía exigiría ser “compensada” por la pérdida de ingresos que conllevaría. La paradoja es que la propia Junta ha dado ya varios hachazos por voluntad propia al impuesto forzada por el pacto con C’s. El último, en vigor desde el 1 de enero, le ha costado hasta 125 millones según cálculos de la propia Consejería de Montero.
