El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha acusado al PP-A de buscar una investigación "prospectiva y puramente inquisitorial" con su petición para reabrir la pieza 'política' de los cursos de formación, que fue archivada por la juez María Núñez Bolaños y que afectaba a 24 exdirigentes del SAE, entre ellos el propio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del ex consejero, Alfonso Martínez del Hoyo, se opone al recurso presentado por la acusación que ejerce el PP-A contra la decisión de la juez de archivar la causa al entender que la instrucción practicada "ha sido más que exhaustiva" tras casi tres años de investigación.

El PP-A, en su recurso, alegaba que, recientemente, le fue notificado un escrito de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de fecha 7 de noviembre de 2016 "por el que hemos podido conocer" que existen unos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla precintados por la Guardia Civil, por lo que pidió reabrir la causa para examinar dicha documentación.

"IMAGINADOS" DELITOS

Frente a ello, el letrado del ex consejero considera "evidente" que la instrucción "ha sido exhaustiva" y tacha de "palmario" que, en su decurso, el PP-A "ha participado activamente en todo momento", tras lo que el resultado "ha sido el archivo de la causa por inexistencia de delito", señalando que la reapertura de la misma "no se fundamenta en el surgimiento de ningún nuevo indicio de delito".

Al hilo de ello, asevera que al PP-A, "dadas sus aspiraciones, puede contrariarle este resultado, pero ello no constituye ninguna clase de vulneración de las normas procesales, ni se ha de acceder a su deseo de remover cuanto quepa --en este caso cientos de expedientes administrativos-- a la búsqueda de sospechados e imaginados delitos".

A su juicio, el hecho de que esa documentación no se haya incorporado a la causa "no justifica la solicitud de reapertura", pues ello "no constituye 'noticia criminis', y pretender reabrir una instrucción ya archivada por el hecho de que se haya de llevar a cabo el desprecinto de una oficina (en su día practicado bajo dudosas condiciones de necesidad y proporcionalidad) es tanto como pretender la práctica de una investigación prospectiva y puramente inquisitorial, sin objeto determinado y con los caracteres de auténtica 'inquisitio generalis': una pretensión legalmente proscrita en nuestro sistema penal".

LA RECUSACIÓN YA ESTÁ RESUELTA

En su recurso, el PP-A también alega que el auto de archivo es nulo de pleno derecho porque no se ha resuelto el incidente de recusación planteado contra la juez, frente a lo cual el abogado de Antonio Fernández asevera que el PP-A "obvia" que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se pronunció al respecto mediante acuerdo de 6 de octubre, "estableciendo que la recusación planteada debía resolverse según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"En efecto así fue y por auto de 30 de noviembre de 2016 se acordó 'desestimar el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra la providencia de fecha 25 de octubre de 2016, manteniendo la resolución recurrida en su integridad. No habiendo lugar a declarar nulidad alguna'", argumenta el letrado en este escrito consultado por Europa Press.

El abogado considera que ello "quiere decir que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, es lo cierto que el incidente de recusación planteado sí está resuelto, lo que conlleva la absoluta inexistencia de vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva".

INSTRUCCIÓN "MÁS QUE EXHAUSTIVA"

"No se trata por tanto de que lo planteado no se haya resuelto por el Juzgado, sino de que no se ha resuelto al gusto de la parte", afirma el abogado del ex consejero, que considera igualmente que "no cabe acoger la argumentación de la parte referente a una pretendida lesión de las garantías procesales por haberse dictado el sobreseimiento provisional sin haberse agotado todos los medios de investigación procedentes".

En este sentido, el letrado asevera que "es evidente que se trata de un argumento interesado e infundado", ya que la instrucción "ha sido más que exhaustiva: casi tres años de duración --desde marzo de 2014 hasta octubre--, de extensión ingente --casi 200 tomos, miles y miles de folios--, en la que se han practicado diligencia de toda clase --decenas de declaraciones policiales y judiciales-- y de tal complejidad que fue necesario dividirla en piezas, y de tal envergadura, en fin, que no puede menos que sorprender el hecho de que a estas alturas se venga a decir que todo lo actuado no ha sido suficiente para dilucidar la trascendencia penal --o la falta de ella-- de lo acaecido".