El Gobierno quiere aprobar mañana un código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, con el que obligará a las entidades a dar la opción de recuperar el dinero en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.
Esta oferta, según han confirmado a Efe fuentes financieras, se recogerá en el nuevo código de buenas prácticas, al que se suscribirán de forma voluntaria aquellas entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.
Eso sí, los bancos que se acojan a estas nuevas reglas de juego, que previsiblemente se plasmarán en un decreto ley, estarán luego obligados a cumplirlas y sus clientes abocados a agotar esta vía alternativa antes de acudir a la justicia.
Además, con la idea de hacer más fácil la devolución de las cantidades cobradas de más durante años, el Ministerio de Economía exigirá a los bancos que creen unidades especiales para gestionar la previsible avalancha de reclamaciones, como adelanta Expansión.
Estas unidades especiales serán las encargadas de atender las solicitudes, para lo que se ultima un formulario base, y fijará los plazos para las devoluciones, así como la fórmula escogida, ya sea en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.
El código de buenas prácticas llegará al Consejo de Ministros de este viernes, apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera la razón a los afectados y allanara el camino para recuperar íntegramente lo pagado de más por las cláusulas suelo de sus hipotecas, que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel.
Para garantizar que los bancos cumplen con estas nuevas reglas se creará también una comisión de seguimiento con representantes del Banco de España y de los ministerios de Economía y de Justicia.
Al fin y al cabo, son estos dos departamentos los que más se han implicado en agilizar las reclamaciones por las cláusulas suelo, que afectan casi a 2 millones de clientes y puede suponer la devolución de algo más de 4.000 millones de euros.
CaixaBank, BBVA y Popular son los bancos que tendrían que devolver más dinero, seguidos de Sabadell y, en menor medida, Bankia. Una lista a la que se suman entidades más pequeñas como Unicaja, Liberbank, Kutxabank, Abanca, Ibercaja, Banca March, BMN y varias cajas rurales.
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