España, situada en la zona templada del planeta, atrapada entre una masa de aire frío y húmedo del océano Atlántico y otra caliente y seca del continente africano, y con unas características físicas territoriales particulares, dispone de una diversidad climatológica marcada por intensos periodos de sequías y años muy húmedos.
El siglo XX puso de manifiesto la contradicción entre las necesidades del consumo humano y los recursos de agua disponibles, desarrollándose un modelo económico, social, político y ecológico caracterizado por los intereses de un capitalismo, lastrado por un feudalismo latente y las urgencias de la posguerra civil española.
El consumo de agua por habitante en España es de los más elevados entre los países desarrollados, siendo la agricultura el principal demandante (80%), seguido del consumo humano y de los diferentes usos industriales. Las consecuencias son claras: el deterioro de los acuíferos por sobreexplotación, salinización de las aguas en las cuencas del centro y sur de país, contaminación por residuos procedentes de fertilizantes y pesticidas de la agroindustria, la ganadería e industria. Situación ésta, que unida a la característica de unos suelos pobres en nutrientes, de laderas escarpadas, sequías estacionales, incendios forestales, lluvias torrenciales, sobrepastoreo, abandono de tierras agrícolas, etc. dan lugar a un complejo proceso que afecta al suelo, a la vegetación y a la fauna, disminuyendo la fertilidad del terreno y reduciendo la capacidad productiva de los ecosistemas.
Esta realidad coloca a nuestro país en uno de los de mayor riesgo de desertificación de Europa, agravado aún más por el impacto del cambio climático y el aumento de la temperatura del planeta -un grado más, un río menos-.
En Andalucía, las aguas subterráneas son la principal fuente de suministro tanto para uso doméstico, agrario, ganadero e industrial como de reserva estratégica en época de sequías. La mayor parte de nuestro consumo proviene de pozos y manantiales (un tercio del contenido de los acuíferos), situándonos por encima de la media española, que consume el 70% del agua circulante y de pantanos -datos del Instituto Geológico Minero de España (IGME)-.
A pesar de disponer de seis demarcaciones hidrográficas, destacando la del Mediterráneo por el número de acuíferos, y la del Guadalquivir de mayor superficie, la situación no ha mejorado debido a la presión de políticas heredadas. Así lo confirma la prevalencia de títulos de aguas privadas que reconoce derechos y venta de títulos y expansión de la explotación, el fraccionamiento del territorio para evadir la evaluación de impacto ambiental, los cambios de uso de los suelos, la contaminación, una Reforma Agraria con poca distribución de tierras junto a una expansión del regadío por encima de nuestras posibilidades. Por no hablar del auge de un turismo insostenible amparado en un urbanismo depredador. Urbanismo que ha invadido zonas inundables, ha permeabilizado el suelo, ha creado barreras al curso natural de las aguas subterráneas, ocupando los márgenes de los ríos, erosionado y acumulando sedimentos en los embalses. Lo que ha conllevado a un deterioro en la calidad del agua y el medio ambiente. A lo que hay que sumar, además, una falta de control de la Administración Pública sin medios suficientes y escasa eficiencia sancionadora.
Las políticas andaluzas han girado sobre sí mismas, pasando de una producción agrícola agresiva -regadío sin límites- al ahorro del agua con inversiones puntuales. Es el caso de la modernización del regadío, la depuración de aguas residuales y saneamientos que paradójicamente ha dejado al 30% de los municipios sin poder disponer de ellas y a costes de mantenimiento excesivos. Además de fomentar una menor cantidad de desembalse, mejora en las conducciones urbanas, concienciación del ciudadano, etc. Sin embargo y pese a ello, el margen de crecimiento es imposible incluso para grandes obras hidráulicas, porque los caudales ecológicos resultan insuficientes para sostener los ecosistemas.
Andalucía se encuentra en una encrucijada, prisionera de un modelo insostenible, consumiendo más agua del que la naturaleza es capaz de ofrecer. Es necesario, en consecuencia, un cambio de rumbo hacia un uso de los recursos que sea justo, democrático y sostenible, opuesto al crecimiento y consumismo ilimitado que imponen los mercados y grandes corporaciones, para su propia supervivencia y beneficio espurio. Para una buena gestión del agua es imprescindible alcanzar un equilibrio entre el agua y los ecosistemas. Los ríos y sus cuencas, acuíferos y humedales deber ser vistos como una unidad en lo ecológico y en lo social.
El futuro inmediato de Andalucía, así como el de las generaciones venideras, va a depender en buena medida de las soluciones que hoy seamos capaces de aportar desde distintas instancias políticas, administrativas, profesionales y sociales.
Joaquín Arnalte Fuertes
Responsable de Comunicación de EQUO Almería
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