Si el escenario fuera tan idílico como se dibuja, las empresas no dudarían en librar una cruenta batalla en tiempos de crisis por hacerse con alguno de los miles de contratos que la Administración andaluza licita cada año. Es más, invita a pensar que tras publicarse las ofertas se forman colas de pymes o multinacionales, según el caso, aguardando para que les estampen en los registros el sello de entrada a sus solicitudes. Pero no siempre es así.
La Junta de Andalucía ha sido incapaz de colocar en lo que va de año hasta 153 contratos, muchos de ellos con suculentas cantidades en su letra pequeña pero que por uno u otro motivo han despertado cero interés. Todos acaban en el capítulo de “expedientes desiertos”, aquellos que se publican en el BOJA y en la plataforma de contratación online pero que transcurrido el plazo legal para la presentación de ofertas echan el telón sin haber recibido ni siquiera una. Cierto que son un porcentaje mínimo entre la maraña de encargos que el laberinto administrativo de la Junta hace a empresas externas cada ejercicio, pero síntoma de que no todo es de color de rosa cuando quien paga y encarga es el sector público.
Casos hay para todos los gustos. Muchos de ellos son de sobra conocidos y afectan a la subasta de medicamentos, en su mayoría genéricos, que alienta la Junta y que el Tribunal Constitucional avaló el jueves pasado en la batalla eterna del Ejecutivo andaluz con el Gobierno central pero que, paradojas, suele quedar desierta porque los precios a la baja por los que se licita cada unidad desincentivan a las grandes farmacéuticas. Contratos millonarios quedan así pendientes de adjudicar.
Es la casuística más conocida, pero no la única. En los últimos meses la Junta, a través de sus distintas consejerías y entes públicos, no ha encontrado ni un interesado en contratos como el de la instalación de máquinas expendedoras de billetes en el futuro Metro de Granada (316.000 euros), como tampoco quien le quiera suscribir pólizas de seguro para sus Servicios de Emergencias Sanitarias (346.000 euros) o quien se preste a arrendarle un inmueble para acoger una sede del SAE en Puerto Real (87.000 euros). Más casos: no hay empresa que quiera hacerse cargo del servicio veterinario del Centro de Especies Amenazadas de Almería (58.000 euros), ni diseñar folletos para el Instituto de Administración Pública (59.700 euros), como tampoco realizar tareas agrícolas en las fincas gestionadas por la Agencia Agapa, que licitó un nada despreciable contrato por valor de 675.000 euros. Y así hasta 153 casos.
¿Por qué ocurre?
Cada expediente es un mundo paralelo, pero los obstáculos suelen ser comunes. Alberto regenta desde hace década y media en Sevilla una pyme especializada en soluciones informáticas y de su experiencia se desprenden algunas claves. La primera y evidente, el precio: “Si trabajas con la Junta quizás te garantices unos ingresos periódicos si logras ser proveedor más o menos habitual, pero te arriesgas a ingresar con precios por debajo del mercado, y a nadie le gusta perder”.
Las tarifas espantan empresarios, pero no son el único motivo de desinterés. Ese emprendedor habla de “adelantar material para ingresar con retraso”, lamenta “que no compensa colocar a un trabajador a redactar un proyecto o preparar papeles una semana para que luego no te lo adjudiquen” o “que a veces te obliguen a presentar una garantía provisional como fianza que no tienes o ningún banco te presta”. Las ofertas desiertas, retocadas o no para ser más atractivas, suelen publicarse de nuevo meses después.
Y todo pese a ser “la que mejor paga...”
La Junta de Andalucía alega que utiliza en sus contratos precios acordes al mercado y que no puede encontrar una causa común para explicar por qué algunos quedan desiertos. Además recueda que es “la Administración que mejor paga” a sus proveedores, con un periodo medio de abono en octubre de 13,4 días, el más breve de toda la serie histórica y casi 28 días por debajo del promedio del resto de España.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
