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El sillón de Del Pozo enfanga al Parlamento en una bronca

Publicado: 14/12/2016
El PP reclama sin éxito ocupar ya la secretaría segunda, como dictamina el TC. "Son ustedes antisistemas”, le espetó Esperanza Oña al PSOE tras el no de Durán
El arranque del Pleno del Parlamento andaluz se vio embarrado este miércoles en una sonora bronca de casi media hora alentada por la doble interpretación que el PP, de un lado, y el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, del otro hacen sobre cuándo comenzar aplicar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a los populares sobre la segunda secretaría de la Mesa. El primer partido de la oposición reclama que sea ya porque se considera agraviado desde que se excluyó del puesto a su diputada Patricia del Pozo, mientras que la primera autoridad del Parlamento se aferra al dictamen de su letrado mayor: no es suficiente haber recibido ya la notificación y hay que esperar a que aparezca en el BOE.

Y a partir de ahí, la gran trifulca. En un rifirrafe inédito desde hace tiempo, las principales voces del PP en la Cámara se negaron a que el Pleno arrancara si Del Pozo no ocupaba el sillón que le entregó hace diez días el Constitucional. La propia implicada pidió la palabra invocando el Reglamento de la Cámara, pero el intento fue nulo porque Durán lo cortó de raíz. Afloraron las acusaciones entre bancadas y el presidente se vio forzado a llamar al orden de forma insistente. “No me dejaron hablar el 16 de abril de 2015 y tampoco ahora”, protestó Del Pozo ante una catarata de advertencias desde la Presidencia. Mientras, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, esperaba en los pasillos para poder tomar la palabra y presentar el Informe Anual del Menor.
El reloj avanzaba y el PP consumió más munición. Frustrado el primer intento, la portavoz del grupo, Carmen Crespo, agarró el testigo y tiró de nuevo del Reglamento de la Cámara para exigir el cumplimiento del artículo 27.2, que marca claramente que la Mesa debe estar constituida por el presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. La composición legal una vez aplicado lo dispuesto por el TC, por tanto, debería incluir a Del Pozo. No fue así.

Segunda protestada estéril, pero quedaba la tercera. Esperanza Oña, vicepresidenta segunda de la Mesa y una de las inquilinas de esos sillones a la izquierda de Durán desde abril de 2015, se negó a ocupar su lugar y se instaló entre los escaños de su grupo. Fue el momento más tenso. Desde allí mantuvo un tenso enfrentamiento con el presidente de la Cámara, que le cortó varias veces el micrófono alegando que no estaba en uso de la palabra. Tras pulsar insistentemente el botón de su micrófono, que se activaba e interrumpía en intervalos de apenas unos segundos, deslizó la acusación que más daño hizo en la bancada socialista: “Quien no cumple las sentencias son antisistemas; ustedes son unos antisistemas”, proclamó entre aplausos y abucheos de los dos bancos.

“Lamentable”

Visiblemente molesto y con el reloj avanzando, Juan Pablo Durán cortó de raíz la pretensión del PP y acabó tachando de “lamentable” la bronca. Mientras, el cruce de acusaciones entre socialistas y populares a gritos emponzoñaba aún más el ambiente. Maeztu esperaba aún fuera de la Cámara para poder colocarse frente al atril. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, estaba ausente.

Tras la trifulca arrancó por fin el Pleno. El enfrentamiento de ayer se remonta a abril de 2015, cuando el entonces presidente del Parlamento, el socialista Luis Pizarro, hizo una interpretación  del Reglamento y concedió una secretaría de la Mesa a cada partido político, tal como fija  en realidad uno de sus puntos. Introdujo para ello a IU, pero a costa de prescindir de Patricia del Pozo, del PP, pese a ser la segunda más votada.

Luz verde a la Ley de Servicios Sociales

El Ejecutivo de Susana Díaz cuenta desde hoy con las bendiciones del Parlamento para empezar a aplicar la Ley de Servicios Sociales, que entrará en vigor con casi seis meses de retraso sobre lo prometido y un largo año de tramitación. Sólo IU se opuso porque interpreta que sus principales aportaciones, la de que los usuarios puedan exigir las prestaciones ante los tribunales y su cobertura universal, no está garantizado.

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