La Junta de Andalucía no gana para sobresaltos por culpa de los informes de la Cámara de Cuentas. La institución que se encarga de fiscalizar cómo se utiliza cada euro público en la comunidad ha detectado en el último año todo un carrusel de fallos o irregularidades cuando ha escudriñado bajo las alfombras que adornan la Administración autonómica.

Sólo en los últimos diez días dos informes paralelos han afeado los mecanismos de gestión utilizados por la Junta. En el más reciente, la Cámara de Cuentas  alertaba de que cuatro agencias de su entramado público acumulaban al cierre de 2014 hasta 1.500 millones pendientes de cobro. Lo más llamativo es que hasta 779 millones de esa cantidad global se los debía la propia Administración. Entre las señaladas figuraba la siempre controvertida Agencia Idea, Amaya, la Agencia de Obra Pública o Assida (Servicios Sociales y Dependencia). No corregirlo podría impedir que las agencias “continúen con sus operaciones”.

El segundo golpe en menos de 15 días ha llegado por el flanco de la educación. En otra demoledora lista de errores en cadena, la Cámara de Cuentas concluye que la Agencia Pública Andaluza de Educación, el ente que entre otros cometidos construye los colegios, habría incurrido en “irregularidades y retrasos” en la formalización de encargos, hasta el punto de que las empresas adjudicatarias le han reclamado ya un montante de 2 millones en forma de compensación. También, como añadido, se  desvelaba el cobro indebido por parte de un directivo de indemnizaciones por vivienda. Como en otros casos, la Junta replica que son indicios de ejercicios pasados y  para enmendarlos ha adoptado ya medidas.

Son sólo dos apuntes, porque hay más. Hace apenas un mes otro informe de fiscalización sacaba los colores a la gestión de Extenda, una de las joyas de la corona del sector público andaluz. La Cámara reveló entonces que la agencia que se encarga de canalizar las ayudas a los emprendedores que deciden dar el salto a los mercados extranjeros puede tardar la friolera de 28 meses en notificar la resolución de esas subvenciones. Tal es el letargo en la gestión que en 2015  sin contestar aún solicitudes del Plan de Internacionalización que venció en 2013. 

En el último año ha habido también otros dolorosos tirones de orejas. En febrero, por ejemplo, la Agencia Idea quedó por enésima vez en el centro de la diana. En un contundente informe, la Cámara de Cuentas detectaba unas pérdidas acumuladas al cierre de 2012 de 444,2 millones de euros y unos fondos propios negativos de casi 26 millones.  También se censuraba “el mal uso de las transferencias de financiación” recibidas de la Junta para su funcionamiento ordinario o que no dispusiese por entonces de “normativa ni de procedimientos formalizados y aprobados” para abordar operaciones de riesgo o concesión de avales. En su contestación la Junta tiró de su recurrente manual: es un ejercicio pasado y ya hay medidas correctoras.  

En todos los frentes

Pocas parcelas de la Junta escapan a la lupa de la Cámara de Cuentas. En mayo ya había censurado al Gobierno de Díaz haber consentido que las universidades  disparasen casi un 6% el número de órganos de gobierno en tiempos de crisis o que ninguna dispusiese en 2012 de un sistema de control de gastos.

Más irregularidades denunciadas a principios de año: la Junta olvidó cobrar desde 2012 hasta 60 millones de euros a su propia Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), lo que denotaría “problemas de control interno sobre los saldos pendientes”. Tampoco hay transparencia en la contratación. La Cámara de Cuentas denuncia una y otra vez  abusos en el uso de los contratos menores, pero clama en el desierto: el SAS los usó en 2014 para el 86% de sus externalizaciones.

Ni la lucha contra el ictus se salva...

El sistema público de salud, ahora en el ojo del huracán, tampoco se ha librado de la crítica. La Cámara de Cuentas alertó a principios de año sobre la “falta de implantación y desarrollo de una estructura en red” para atender a los enfermos de ictus, recomendando a la Consejería de Salud que implantase de una vez el servicio asistencial que contempló en su día. Sólo cinco hospitales disponían en 2014 de unidad de atención en fase aguda, cuando lo idóneo eran 16. El ictus es una de las primeras causas de muerte.