La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado equilibrar la situación financiera de varias agencias públicas empresariales, como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Servicios Sociales o la Agencia de Medio Ambiente (Amaya) "a fin de evitar eventuales problemas de solvencia de las mismas a corto plazo que impidan la continuación de sus operaciones".

En su informe relativo a 'Conciliación de saldos pendientes de cobro Junta de Andalucía-Agencias públicas empresariales', correspondiente al ejercicio 2014, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha fiscalizado los saldos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía de ocho agencias, esto es, la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Agencia Andaluza de la Energía (AAEE), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), Agencia de Obra Pública (AOP), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Entre las conclusiones y recomendaciones más relevantes, se apunta que esta fiscalización al tener como objeto sólo un área del balance, no debe proponer ajustes a las cuentas anuales, pero apunta que "en el supuesto de que dichos ajustes fueran técnicamente factibles, pondrían de manifiesto el agravamiento de la situación financiera de, al menos, cuatro de las agencias", que son la Amaya, la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Servicios Sociales e IDEA.

Por ello, se recomienda "equilibrar la situación financiera de las agencias públicas empresariales indicadas a fin de evitar eventuales problemas de solvencia de las mismas a corto plazo que impida la continuación de sus operaciones".

Por otro lado, el informe indica que tres de las ocho agencias analizadas, como son Amaya, AVRA e IDEA, "han incumplido tanto el plazo fijado para la formulación de cuentas como el de su aprobación".

El informe indica que las ocho agencias fiscalizadas tenían reconocido en sus cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2014, un importe pendiente de cobro de la Junta de Andalucía de 1.500 millones de euros, de los que un 55 por ciento eran deudas con una antigüedad superior a dos años y un 21 por ciento superior a cinco años.

Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda "dotar a las agencias públicas empresariales de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades". Por otro lado, apunta que las agencias "sólo deben acometer aquellas actividades que cuenten con financiación adecuada y suficiente".

Asimismo, se han observado determinadas "deficiencias" en las confirmaciones de saldos que "deberían ser subsanadas para aumentar la eficacia de esta prueba de verificación necesaria, en última instancia, para garantizar la fiabilidad de la información económico-financiera".

Ante esta situación, se recomienda que las agencias "tengan acceso a la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía a nivel de consulta" y que la Instrucción de confirmación de saldos de la Intervención General de la Junta "sea objeto de actualización en diversos aspectos, tales como los plazos tanto de remisión de las cartas como de su subsiguiente respuesta, aclarar aún más las fases presupuestarias que posibilitan la confirmación de saldos, introducir el tratamiento de la ausencia de respuesta o la respuesta parcial y sus efectos y valorar la posibilidad de establecer un procedimiento conminatorio en ausencia de una respuesta adecuada".

SALDOS NO CONFIRMADOS POR 779 MILLONES

El informe indica que de los trabajos realizados se han evaluado importes de saldos no confirmados "de relevancia" que, a juicio del ente fiscalizador, "deberían ser oportunamente depurados, de acuerdo con la normativa contable aplicable" y que suman en las seis agencias analizadas los 779 millones de euros de saldos no confirmados.

De estos 779 millones de euros, 351 millones corresponden a AVRA, 278,8 millones a la Agencia de Obra Pública, 61 millones en la Agencia de Servicios Sociales, 44 millones en la Amaya, 42 millones en la Agencia IDEA y 514.812 euros a la Agencia del Conocimiento.

De esta forma, las cuentas anuales de la Junta de Andalucía del ejercicio finalizado no contemplan el efecto de los ajustes potenciales por importe de 779 millones, unos ajustes que tendrían un efecto significativo sobre las cuentas rendidas.

Por otro lado, el ente fiscalizador precisa que los informes de auditoría evacuados por profesionales independientes "no están considerando, a efectos de expresar su opinión sobre las cuentas anuales, los preceptos que afectan a los derechos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía, contemplados en el Plan General de Contabilidad aplicable a las agencias públicas empresariales y la instrucción de la Intervención General", por lo que se insta a la Intervención General de la Junta a "reforzar el control sobre el cumplimiento de las normas contables que afectan al reconocimiento de estos derechos".