La Junta de Andalucía se niega a aceptar que su “joya de la corona” sanitaria pierda brillo por mucho que el cúmulo de protestas ciudadanas cuestione su optimismo. La oposición, por contra, denuncia colapso en las entrañas del sistema, desatinos en la gestión y errores de bulto en la planificación, con las polémicas fusiones hospitalarias como punta visible del iceberg. Lo que opinan sin embargo los usuarios, piedra angular del entramado del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), es ahora todo una incógnita porque nadie parece ya interesado en preguntarles.
Poco se sabe de aquellas encuestas sobre satisfacción de la sanidad pública que la Junta encargó durante años al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las últimas conclusiones, con datos de 2013, las presentó la por entonces consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en agosto de 2014. La remodelación del Gobierno tras las elecciones de 2015 desgajó su departamento en dos y el titular de Salud pasó a ser Aquilino Alonso. Más de dos años después de la presentación de aquellos resultados no hay noticias de qué nota ponen los andaluces al SAS cuando pisan hospitales, consultas o centros de salud.
Si los usuarios se sometieran de nuevo al cuestionario puede que el balance no fuese ya triunfal. Quizás por ello se haya perdido interés en someterlos al interrogatorio. En 2014 la Junta sacó pecho porque los andaluces volvían a mostrar “un elevado grado de confianza en la sanidad pública andaluza”. Como mejor síntoma, Sánchez Rubio lució el “sobresaliente” que por entonces le concedían a “las prestaciones recibidas y a la labor de los profesionales”. De hecho, nueve de cada diez encuestados estaban hace tres años satisfechos con su centro de salud y hasta 21 indicadores obtenían la máxima calificación. Los resultados eran fruto de 21.500 entrevistas realizadas en 932 centros sanitarios de Atención Primaria y hospitales.
Desde entonces a la Consejería de Salud se le han multiplicado los frentes: hospitales paralizados por problemas de infraestructuras y accesos, como el Chare de Lepe, recortes de personal que se atribuyen a Madrid o instalaciones inauguradas con cinco años de retraso, como el centro de salud de Loja. Las listas de espera han repuntado y, para colmo, el PP lidera una campaña de recogida de quejas que saca a relucir a diario. Y el día 27 la movilización de Granada se reeditará también en Huelva y Málaga.
Informes en contra
La única encuesta de satisfacción que sobrevive, y de la que se tienen noticias, es la que elabora la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. El servicio del 061 es de los mejor valorados, de ahí quizás que no haya caído en el olvido como el resto. Del estudio general no hay sin embargo constancia desde 2014 en el Portal de la Transparencia, que mantiene colgados los datos recopilados desde 2009. A partir de ahí, silencio. Tampoco hay más en la web de la Consejería de Salud ni en la del IESA, que vuelve a remitir a las conclusiones publicadas hace dos años.
Lo que sí han aflorado son los informes nada laudatorios con la gestión de la Junta. El de CCOO, contundente, alertaba en octubre de que Andalucía ha aplicado desde 2010 un tijeretazo de 5.591 empleos al sector sanitario y de más de 6.000 millones a su financiación. Otro de Facua revelaba meses antes que el 76% de los andaluces considera que la calidad de la sanidad pública ha empeorado en un lustro.
Un interés “activo” que se ha esfumado
“Para la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales constituye un objetivo de primer orden la medida de la satisfacción. En primer lugar, porque permite escuchar directamente a los ciudadanos acerca de qué opinan de los servicios que reciben. Nos interesa activamente su opinión”. El mensaje de bienvenida aparece aún en el Portal de la Transparencia. Los resultados, sin embargo, no se actualizan desde 2014.
