“Tanto si ya tienes experiencia en internacionalización como si no es así, con Extenda vas a dar el paso”. La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de poner en duda el mensaje de bienvenida con el que la Agencia Andaluza de Promoción Exterior recibe a los emprendedores que acuden hasta ella con el propósito de colocar sus productos o servicios en los mercados internacionales. La lupa sobre la gestión y el funcionamiento interno de ese ente público entre los años 2010 y 2013 arroja conclusiones que cuestionan cuanto menos su eficacia. La principal, quizás la que más atañe a quienes pretenden debutar más allá de las fronteras nacionales con sus empresas, es que el tiempo de respuesta a las peticiones de ayudas se dilata eternamente. En la mayoría de los casos, incluso durante años.
Las conclusiones forman parte del informe de fiscalización del Plan Estratégico de la Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, una iniciativa que el Consejo de Gobierno de la Junta dotó en su día con un presupuesto algo superior a los 250 millones de euros. El examen al que lo ha sometido la Cámara de Cuentas concluye que sólo alcanzó, por ejemplo, dos de los ocho objetivos que contemplaba inicialmente en sus indicadores de impacto, el método elegido para medir su utilidad real.
Consiguió mejorar las exportaciones y el empleo asociado a ellas, pero fracasó en los seis parámetros restantes, entre ellos tres bastante significativos: la capacidad para atraer inversión extranjera, el nivel de capital andaluz colocado en mercados foráneos (sólo consiguió ocupar el séptimo puesto en el ranking autonómico) o el volumen de empresas andaluzas exportadoras sobre el total. En ningún caso se alcanzaron las optimistas metas trazadas.
Uno de los grandes tirones de oreja a Extenda le reprocha es la lentitud con la que resuelve las peticiones de subvenciones, quizás la palanca más importante de todo su engranaje porque sin el capital o los préstamos que facilita se frustra el intento de los emprendedores de adentrarse en el sector exterior. En ese punto los datos son demoledores: la orden de julio de 2011 obligaba a la agencia a “adoptar y notificar la resolución del procedimiento” en un plazo máximo de tres meses contados desde la entrada de la solicitud en el registro. En 2012 esa horquilla temporal media escaló hasta 28 meses, multiplicando por más de 9 el tope legal. Un año después, en 2013, la espera mejoró algo pero siguió en cotas desesperantes: 20 meses.
Dos años y medio después
El retraso acumulado era de tal calibre que el órgano fiscalizador constató que a finales de mayo de 2015, casi dos años y medio después de vencer la vida del plan, aún quedaban 119 expedientes sin resolver de los 511 registrados a lo largo de 2012, o que de las 390 peticiones de 2013 tan sólo se había resuelto la concesión de apenas 63. La explicación que encuentra la Cámara es que nadie emitió los documentos contables de reconocimiento del crédito con el que abonar las subvenciones.
El volumen de pagos comprometido era de 8,88 millones.
La dilatación en la resolución de expediente quizás sea la vertiente más llamativa de los errores de Extenda, pero hay más. La Cámara detecta también que hasta 2013 las transferencias de financiación de capital se destinaron en buena medida a financiar el entramado interno de la agencia, algo prohibido por ley y que sólo se corregiría en 2013. También le afea la ejecución financiera. Como ejemplo, sólo utilizó 1,4 millones de los casi 35 de que disponía para ayudas a la externalización de empresas.
Un sistema molesto y desactivado...
Los expedientes tramitados por Extenda acumularon tanto retraso que alguien en la agencia decidió hacer trampa. Según el relato de la Cámara de Cuentas, existía un sistema de información que medía el retraso acumulado por cada solicitud y que alertaba cuando vencía el plazo de tres meses fijado por ley como máximo para ser resuelto. Ese sistema, quizás por molesto, fue “desactivado” en bloque.
