De simple problema a quebradero de cabeza con alarmantes riesgos para la salud. La Junta ha decidido plantar cara al exceso de peso que padece casi el 20% de su población, en especial en su preocupante vertiente infantil y juvenil, tirando de ley. Esa iniciativa, pionera en España, es la mejor forma que dice haber encontrado para pone coto con un novedoso paquete de medida al déficit de vida activa y de alimentación equilibrada que detectó hace tiempo la Consejería de Salud. Su titular, Aquilino Alonso, presentó ayer las líneas maestras del anteproyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno. Ahora tendrá que cumplir el resto de su tramitación hasta llegar al Parlamento, donde se le augura consenso y vía libre.
La Junta considera de tal magnitud el problema que le ha otorgado rango de norma legal, y por lo tanto las medidas de choque que contempla no serán opcionales sino de obligado cumplimiento bajo penas de sanción para quien intente regatearlas. Hay actuaciones novedosas, como la advertencia de que cuando el texto sea aprobado definitivamente las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con aparcamientos para que éstos puedan acudir a sus puestos en bicicleta o, al menos, en las inmediaciones.
Uno de los focos principales señala a la población infantil y juvenil, donde la incidencia de la obesidad supera la media andaluza. De ahí que la futura ley también obligue a que se garantice el acceso gratuito al agua potable en todos los centros educativos de la comunidad, además de en el resto de lugares públicos y lugares de ocio. Salud promoverá la instalación de fuentes para reducir así que se recurra en exceso a otro tipo de bebidas con alta carga de calorías. Además, las empresas que instalen máquinas expendedoras de productos alimentarios deberán ofrecer agua de forma gratuita en sus dispositivos.
El anteproyecto insiste en medidas de calado sobre la población de menor edad. Así, la publicidad comercial que se reciba en esa franja de edad tendrá limitaciones en los casos de alimentos y bebidas para desincentivar el consumo de productos hipercalóricos. La norma incluso implica al Consejo Audiovisual de Andalucía y le encarga que vele por la idoneidad de los mensajes que reciban los jóvenes a través de los medios.
Límites en los colegios
Como ya ocurrió con el tabaco, los centros educativos serán zona de especial incidencia: se limitará, por ejemplo, la publicidad de bebidas y alimentos envasados hasta el punto de prohibirse la venta de alimentos que superen las 200 kilocalorías o los que contengan altos niveles de ácidos grasos saturados, sal, cafeínas o azúcares. Los comedores de esos centros, como los del resto de establecimientos, deberán fomentar e incluir los menús saludables.
A los afectados por la obesidad se les garantizará el derecho a una atención sanitaria integral. Como complemento se impulsarán planes de hábitos saludables y actividad.
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