Los representantes de los cinco partidos políticos que se sientan en el Hospital de las Cinco Llagas están convocados este miércoles, a partir de las 17:00, a la enésima reunión de la comisión parlamentaria que trata de depurar responsabilidades políticas en la presunta trama de los cursos de formación para el empleo de la Junta. Volverán a verse las caras en torno a la misma mesa más de un año después de que la Cámara diese el pistoletazo de salida a las indagaciones, diez meses desde que se presentaran las primeras peticiones de comparecencias y siete desde que se oyera el primero de los testimonios. Y no hay horizonte claro sobre cuándo echará definitivamente el telón.

Salvo sorpresa en el orden del día, los diputados están citados para intentar forzar un primer acercamiento en torno a los cimientos sobre los que debería construirse la redacción del dictamen final. Eso y fijar un calendario con plazos para avanzar hacia el desenlace, porque la última noticia de la comisión, que avanza a paso de tortuga, se remonta a hace justo 30 días.

Ese 26 de septiembre vencía el plazo para que los distintos grupos presentaran unas conclusiones que una vez desveladas no aventuran precisamente consenso: PP-A, Podemos e IU insisten en implicar por elevación a Susana Díaz en la cúspide de la supuesta trama mientras C’s opta por evitarlo y coloca el listón máximo en los expresidentes Chaves y Griñán. El PSOE, en las antípodas, no intuye culpa alguna en altos cargos y ni tan siquiera entre los funcionarios porque no ve ni caso y se aferra al archivo de la pieza política decretado por la jueza Núñez Bolaños. Hay también disparidad sobre si se concedieron ayudas sin control, si se libró a las empresas de justificar qué hacían con el dinero y si hubo menoscabo al prescribir la devolución de los fondos.

Si el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s), logra doblar el brazo a algún partido y forzar el entendimiento el dictamen pasaría entonces al Pleno del Parlamento. No se vislumbra que ése sea el recorrido. Lo asumía hace poco al reconocer que la redacción será “excesivamente compleja” por el volumen de información, por la cantidad de testimonios escuchados y, sobre todo, porque desde que la comisión arrancara abonó un auténtico campo de batalla en el que los cinco partidos se han despedazado con cualquier excusa, desde a quién debía oírse y a quién no, sobre la interpretación de lo escuchado y, por encima de todo, sobre si la Junta lucía obstaculizaba el envío de los miles de expedientes y millones de folios del caso.

El peor precedente

Un año y 69 citaciones después (con espantadas sonoras como la de la ministra Fátima Báñez, casi una quincena de negativas a contestar como la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el foco mediático sobre las comparecencias de Díaz, Chaves y Griñán), puede que la comisión acabe empantanada y sin dictamen. Sería un calco de lo que ocurrió en su precedente inmediato, la comisión parlamentaria de los ERE. Corría noviembre de 2012 y el primer intento en 17 años de encontrar culpables políticos en el Parlamento en torno a una trama aún hoy sin juzgar se esfumó entre acusaciones mutuas. Ni PSOE ni PP ni IU, las tres fuerzas en el Parlamento, fueron capaces de consensuar un epílogo.

Por entonces el reloj avanzó con más celeridad y en sólo cinco meses, menos de la mitad de lo acumulado ahora, se llegó a la conclusión de que no había entendimiento posible por los vetos cruzados. Cierto que  se escucharon menos testimonios, apenas 30. Al final, unos y otros tumbaron 68 de las 196 conclusiones y el resto ni siquiera se consensuó. El argumento entonces sonó a música similar a la actual: si culpar a la presidencia, entonces Griñán, o cargarlo todo sobre Guerrero. El bloqueo puede tirar de nuevo al desagüe el trabajo.

Un debate solapado con el judicial

En la cascada de comparecencias el presidente de la comisión, Julio Díaz, tuvo que recordar varias veces, para quien por descuido o intencionalidad subrepticia pudiera olvidarlo, que en el Parlamento no se depuran responsabilidades penales sino políticas. Los comparecientes fueron citados mientras seguían su curso las indagaciones en hasta 18 juzgados de toda Andalucía. Tanto se ha dilatado la comisión que ha dado tiempo a que varias de esas causas se hayan archivado, la más sonora de ellas la de la pieza política.