La Junta reservó hace tiempo un hueco privilegiado en su producción normativa a la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, un texto en fase de anteproyecto que recibió las bendiciones del Consejo de Gobierno en junio de 2015. El articulado, pionero en toda España, está llamado a convertirse en una de las grandes banderas que enarbole el Ejecutivo de Susana Díaz durante esta legislatura porque cuando vea la luz le permitirá apuntalar un doble mensaje: la comunidad se blinda ante futuros tijeretazos consagrando la gratuidad y universalidad del sistema, todo un oasis de servicios frente a las restricciones o copagos que, denuncia San Telmo, impone el PP desde que ocupa el Gobierno central.
Hasta ahí la declaración de intenciones, porque la redacción inicial de la ley ha recibido un duro correctivo en forma de recomendaciones por parte del Consejo Económico y Social, un organismo público adscrito a la propia Junta de Andalucía que tiene la obligación, por ley, de emitir por escrito su parecer sobre aquellos anteproyectos que afecten a la regulación socioeconómica o laboral.
Dicho y hecho, el CES ha publicado ya el informe en el que plasma las conclusiones del Pleno del 26 de septiembre en el que diseccionó la futura ley sanitaria andaluza. El organismo que preside Ángel Gallego valora y comparte el esqueleto de la norma: por ejemplo, la apuesta decidida de dar portazo al copago en la cartera de servicios sanitarios complementarios que otras comunidades impusieron cuando estalló la crisis, y también el afán investigador de la ley, pero quizás sean las dos únicas virtudes que contemple porque en el otro plato de la balanza desgrana un rosario de críticas.
En su dictamen, el CES llega a reprochar a la Consejería de Salud que la exposición de motivos que justifica su proyecto incurra en “detalles genéricos que después no encuentran reflejo en el articulado”, en “juicios de valor poco rigurosos e impropios de una ley” o, y ahí la crítica es severa, en “datos numéricos de escasa actualización”.
La última de esas puntualizaciones lleva al CES a protestar por lo que considera “excesiva autocomplacencia” de la Junta, sobre todo cuando en el texto obvia “las medidas restrictivas que se han tenido que aplicar en los últimos años, así como los recortes de inversión y gasto en el Sistema Sanitario Público Andaluz”. Eso, matiza, “ha repercutido en menos recursos humanos y materiales, lo que ha afectado negativamente a su calidad”.
El tirón de orejas lamenta también que se “intente justificar la situación de una manera excesivamente triunfalista” y recuerda, con cifras, que el último Barómetro Sanitario que elabora el Ministerio de Sanidad revela que Andalucía “es de las comunidades autónomas que más ha descendido en el ranking de gasto per cápita” desde 2009 y que la percepción ciudadana de la calidad del servicio se ha desplomado en 10 puntos.
Dudas financieras
Hay más. El CES alberga “serias dudas” sobre la rotundidad con la que la Junta da por garantizada la financiación del gigante sanitario andaluz, más aún “mientras persistan las políticas de austeridad”. Frente a esa visión idílica, le recomienda que fije “un objetivo mínimo” y realista para no depender “del albur” del PIB. Quizás por ello, desvela el CES, el texto ni siquiera incluía el preceptivo informe de la Dirección de Presupuestos.
La lista de críticas incluye que la ley contemple “contenidos ya regulados” en otras previas, “indefinición de plazos” o que se atreva a garantizar la universalidad de los servicios cuando la condición de beneficiario la decide la Seguridad Social y, es por tanto, una competencia estata
