Según informó ayer el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera.
En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo “subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi”.
Igualmente especifica que “los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa”, fueron iniciados el pasado 3 de octubre y se contaba con la debida autorización municipal, “por tratarse de un terreno público”.
Tras concluir los trabajos de mapa de la fosa, el Ayuntamiento de Córdoba impide que continúen las tareas “ya autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi”.
Según la denuncia, los trabajos en esta fosa “no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de la Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003”.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
