El PP andaluz no piensa ceder ni un centímetro en la petición de pena que ha planteado contra los 26 exaltos cargos de la Junta señalados en la pieza política del caso ERE, y en especial en la acusación contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que considera integrantes de una “asociación ilícita” por la que piden para cada uno de ellos hasta 2 años de prisión. Lo confirmó ayer la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, en el programa Acento Andaluz, de Ondaluz TV.
La líder popular se confesó sorprendida por la polémica desatada por esa petición de pena “cuando esa posibilidad se ha manifestado en numerosas ocasiones durante la instrucción”. A su juicio, el PP como acusación particular tan sólo camina por la senda que en su día abrió la juez Mercedes Alaya, y todo ello “sin confrontación ni revanchismo” sino simplemente “para que se recupere el dinero de todos los andaluces”. Tan convencida está de eso que Crespo no entiende el “exabrupto” -dijo- que le dedicó al PP horas antes el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, al acusarles de practicar “el canibalismo político” con esa petición de pena. “Debería ser portavoz del Gobierno, institucional, no del PSOE”, censuró.
En terreno nacional, Crespo aplaudió que el PSOE-A se haya decantado por la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, aunque alertó de que esa vía tiene aún que decidirla la dirección socialista, sumida en un “guirigay nacional” fruto, quizás, de un proceso de “podemización” que la alejó de la “centralidad”. En ese cambio de rumbo ha jugado un papel fundamental Susana Díaz, a la que sin embargo la portavoz del PP no cree que su partido “le deba nada” porque “son los ciudadanos los que quieren que gobierne Rajoy”.
