A pesar de que desde la izquierda abertzale más radical y desde su órgano de comunicación, el diario Gara, se les tacha de mil maneras menos de delincuentes -presos políticos, prisioneros...- lo cierto es que ahí es donde deben estar, en prisión. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentaba el anteproyecto de ley orgánica cinco años después de la última modificación, con el Partido Popular al frente del Ejecutivo. De la Vega fijó dos de los pilares de esta reforma dirigida en gran medida a terroristas y elincuentes sexuales: periodos prolongados de libertad vigilada acompañados de medidas de control para evitar el contacto entre ex presos y víctimas o sus familiares; y cumplimiento íntegro de las penas sin posibilidad de que prescriban los delitos.
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