La propuesta de dictamen de conclusiones a la comisión de investigación parlamentaria de los Cursos de Formación del PP hace responsables políticos de estas presuntas irregularidades a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 30 altos cargo de la Junta.
Entre ellos a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, al exconsejero de Educación Luciano Alonso, y a los actuales consejeros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Empleo, José Sánchez Maldonado.
Igualmente responsabiliza políticamente a ocho delegados de Empleo, a seis directores generales de Formación Profesional para el Empleo, a ochos responsables más entre viceconsejeros de Empleo y directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a un director general de la FAFFE, cuyos nombres no ha especificado la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero en la conferencia de prensa en la que ha resumido la conclusiones de su partido.
Ruiz Sillero, que no ha querido especificar esos nombres hasta registrar oficialmente en el Parlamento andaluz sus conclusiones, ha dicho que la presidenta Susana Díaz es responsable política por la falta de colaboración de la Administración que preside con la comisión de investigación parlamentaria.
También por ocultar información relacionada con la FAFFE, y por haber paralizado durante cinco años la Formación Profesional para el Empleo con el consiguiente perjuicio para los desempleados andaluces, "a los que se ha privado de un derecho".
La responsabiliza también por que se han perdido fondos europeos por valor de 46,9 millones de euros, por "la participación activa en la recepción de fondos para el PSOE a través de las sedes de UGT", por "el conocimiento de las irregularidades" y tratar de ocultarlas como, en opinión del PP, revela la dimisión del que fue secretario de Organización socialista Rafael Velasco, por la implicación de su esposa en los cursos de formación.
Igualmente, las conclusiones del PP culpan a Díaz de "faltar a la verdad en sus relaciones familiares que podrían haber influido en su toma de decisiones" sobre los cursos de formación, en alusión al marido y un concuñado de la presidenta andaluza.
Culpa el PP también a Díaz de no haber reclamado y recuperado el dinero defraudado y de la pérdida de transferencias para la formación por valor de 800 millones de euros.
Chaves y Griñán, según Ruiz Sillero, son responsables de "un modo de gobernar" que propició "un reparto de subvenciones sin control a través de una medidas excepcionales" para favorecer a una "red clientelar".
A la consejera María Jesús Montero la responsabiliza el PP de haber recibido todos los informes de actuación que alertaban de irregularidades, de conocer todas estas incidencias y de no haber hecho nada para que se revisaran las subvenciones y se sancionara a los defraudadores.
Al resto de los responsables políticos los culpa de tener conocimiento de las irregularidades, de favorecer el fraude, de provocar falta de medios en el control de éstas, de no revisar los expedientes susceptibles de irregularidades y de no tener en cuenta los informes que alertaban de estas irregularidades emitidos por la Cámara de Cuentas y los interventores.
Ruiz Sillero ha afirmado que "las paradojas del destino" han querido que la presentación de estas conclusiones por parte del PP andaluz hayan coincidido con el auto del fiscal anticorrupción sobre el caso de los ERE.
Y ha asegurado que ambos casos tienen "esquemas paralelos" relacionados con "la manera de Gobernar el PSOE en Andalucía; con el modo de repartir los fondos públicos con falta de control y concediendo subvenciones de manera nominativa a una red clientelar ligada al PSOE para obtener réditos políticos".
