Hace unos días hemos conocido la injusta noticia del despido improcedente de una trabajadora de la biblioteca municipal de El Puerto. Según afirma CGT el despido se produce tras reclamar la trabajadora el pago de horas extras que hacía todos los meses y, por tanto, por exigir respeto a sus derechos laborales.
Quizás lo más escandaloso de este trato denigrante y este despido sea la entidad que lo acomete: Global Servicios Unión de Discapacitados para el Empleo y la Formación S.L., un centro especial de empleo para personas con discapacidad que dice tener como objeto social: “realizar un trabajo productivo integrando social y laboralmente a personas con discapacidad, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste de personal y social que requieran los trabajadores”.
Si a esta situación le añadimos que Global Servicios Unión de Discapacitados para el Empleo y la Formación S.L es la empresa adjudicataria de una contrata con el Ayuntamiento para la gestión de las salas de estudio de la biblioteca municipal, es aún más indignante cuando el Ayuntamiento si no toma medidas está siendo cómplice de estos hechos al conocerlos y no hacer nada por evitar esta injusticia.
Es más, no sólo conoce los hechos sino que la responsable de la Concejalía de Cultura, Mª Eugenia Lara del Partido Socialista Obrero Español, ha justificado públicamente este despido haciendo de portavoz de una empresa privada.
Es inadmisible que una representante institucional de la ciudadanía haga declaraciones justificando las acusaciones que la empresa ni siquiera demuestra en contra de la trabajadora. Es inaudito este comportamiento por parte de una representante de la ciudadanía.
Esta situación nos hace plantearnos muchas cosas. Por un lado, la escasa voluntad política de estar de lado de quienes tienen menos recursos para defenderse y no de los intereses lucrativos de la empresa privada. Nos hace preguntarnos ¿fiscaliza y controla el Gobierno Municipal las empresas adjudicatarias para la gestión de otros servicios? ¿Se evalúan las condiciones laborales de las personas contratadas en estas licitaciones? ¿por qué este bipartito de PSOE e IU no trabaja por incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones?
Por otro lado, nos debemos de preguntar algo que quizás pase desapercibido… ¿qué tratamiento hacia el colectivo de personas con discapacidad se está fomentando? ¿qué modelo de políticas se llevan a cabo? Parece que el Gobierno Municipal, “Progresista” y “Social” promueve un modelo basado más en la segregación que en la inclusión social y en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Los Centros Especiales de Empleos (CEE), como es el caso de esta empresa, se constituyen en multitud de ocasiones en espacios segregados de la sociedad, espacios reservados para las personas con discapacidad. En estos CEE generalmente las condiciones laborales son inferiores a las de los convenios de los sectores correspondientes. Lo frustrante e indignante es que la administración pública siga centrada en incentivar esta modalidad de acceso a un empleo segregado del mercado laboral, frente a otras medidas INCLUSIVAS que incidan en el mercado laboral normalizado.
En estos ámbitos, parece que la administración considera que el trabajo es más un “favor” que un derecho básico que se debe de garantizar a las personas con discapacidad. Los espacios reservados en la sociedad para las personas con discapacidades (Centros Especiales de Empleo, residencias, colegios de educación especial…) a menudo no se definen por aquello que la persona puede y sabe hacer sino más bien por lo que les dejan hacer en determinados espacios. A esto cabe añadir otra pregunta
¿Qué políticas y valores promueve el Ayuntamiento con respecto a las personas con discapacidad?... Sin temor a equivocarnos -y con tristeza e indignación- se puede afirmar que la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sigue instalada en un modelo de caridad, asistencialista, segregador y discapacitador para-con las personas con discapacidad. Un modelo que nos trata como menores de edad, como ciudadanía de segunda clase, como gente que no cumple los parámetros de normalidad y que, por lo tanto, debe ser trata de manera desigual… o “especial” según los eufemismos utilizados.
Vanessa Gómez Bernal
Doctora en Género y Discapacidad
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