Francisco Felipe Fernández preside la patronal independiente de empresas constructoras andaluzas Ceacop, ente que cumple 20 años. Repasa en esta entrevista las críticas realizadas por el conjunto del sector al plan de infraestructuras Pista 2020 de la Junta.

Pregunta. Ceacop, otras dos patronales y el Colegio de Ingenieros de Caminos habéis criticado con dureza el Plan Pista. ¿Por qué?

Respuesta. No es dura, es simplemente ver que cuando se intenta revisar un plan de infraestructuras, como el de 2007-2013, que el Parlamento encomendó al Gobierno revisar hace cinco años, pues se adapta a la realidad ese plan. Y esa adaptación se hace a la realidad económica y a la realidad presupuestaria de cumplimiento del déficit. Y es evidente lo que ha ocurrido: se recorta un 80% la inversión prevista en aquel plan. Y además se deja al albur de los tiempos realizar lo que efectivamente ese plan Pista incluye. También es una queja nuestra que el plan se inicie en 2016 cuando el anterior terminó en 2013. El Parlamento encargó su revisión en 2011 y no se ha hecho nada, el gabinete de la anterior consejera Elena Cortés no hizo nada. La nueva consejería, con más prisa que sentido de la realidad y con la consejería de Hacienda marcando las pautas, ha generado un documento vacío. La planificación no se concreta, y además las actuaciones contempladas que suman una inversión de 1.300 millones de euros quedan sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada año. Y además no son actuaciones programadas en detalle. Por todo eso, varias asociaciones decidimos presentar esa enmienda a la totalidad que sabemos que no va a tener ningún futuro, pero que dejaba patente que no estamos de acuerdo con el plan ni con cómo se planifican las inversiones ni el futuro de Andalucía, ni la vertebración del territorio ni la economía de nuestras empresas, que es fundamental.

P. Sobre esos 1.300 millones, también os quejáis de la indefinición sobre su procedencia y aplicación concreta y temporal. Incluso habéis llegado a afirmar que la Junta da por descontado este sector, que aún emplea a unas 150.000 personas en Andalucía…

R. Sí hay una supuesta planificación sobre la procedencia de los fondos, en concreto 268 millones de Fondos Feder. Estos fondos para infraestructuras se han reducido un 50% por parte de Bruselas. El resto hasta los 1.300 sí son parte, transferencias del Estado, y parte de recursos propios de la Junta. Eso es el humo al que se refería el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la rueda de prensa conjunta. Transferencias del Estado, con la situación política que hay, ni se le espera. Por eso va a ser difícil que el plan se concrete en algo. Y, sobre la situación del sector, y que la Junta se olvide él, pues pienso primero que los políticos actúan como tales. Lo mejor en esta vida es disponer de presupuestos que te permitan hacer muchas cosas. Lo que más le ha gustado siempre a los políticos es cortar cintas. Nosotros somos industria de la construcción, no somos especuladores, y manejamos muchos puestos de trabajo. Nos cayó el sanbenito con la crisis inmobiliaria y ahora no vende hacer caso a la construcción porque a todos se nos mete en el mismo saco. Y, además, de donde mejor se recorta y más rápido es de la inversión. Y no se tiene en cuenta que de la inversión es de donde más se recupera posteriormente, con más del 50% de lo invertido, además de que vertebra el territorio y genera desarrollo económico: el valor total que produce la construcción duplica lo invertido inicialmente. No debería la Junta de Andalucía tener miedo de nosotros, no somos ogros, somos gente profesional muy bien preparada, empresas de primer orden con éxito internacional, y lo único que queremos que se nos trate igual, o casi, que la sanidad y la educación. Si esos son los dos sectores prioritarios, nosotros decimos que el nuestro es el tercero.

P. Fomento respondió anunciando una reunión con vosotros. ¿Qué esperáis, sabiendo de la actitud dialogante del actual consejero Felipe López?

R. Primero que se nos convoque, porque de la posible reunión nos hemos enterado por la prensa. Conociendo al consejero, sí sabemos que tiene talante negociador y dialogante, pero lo que no tiene es dinero. Si lo tuviera creo que sería el mejor consejero de la Junta, pero tiene lo que tiene. Siempre ha estado dispuesto a hablar con nosotros. Nosotros presentamos una alegación dentro de los plazos establecidos, que terminaban a inicios de agosto, y transcurrido un mes desde entonces entendíamos que teníamos que dar a conocer a la opinión pública nuestra opinión. Y pedir a la administración que nos tenga más en cuenta, ya que no nos han consultado en absoluto durante la elaboración del plan. Hablaremos y ya sabemos que Fomento remite a la situación presupuestaria para explicar el contenido del plan. Nosotros entendemos que haya un tope de recursos y de inversión, pero que ese tope se cumpla. No empecemos ya a decir que además dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada momento, planifiquemos de forma más seria. Dicho esto, el nuevo equipo de la consejería se ha notado que ha llegado. Se han puesto al día en los pagos. No se licita al ritmo que se quisiera, pero la deuda se ha reducido a lo que es una deuda diaria de funcionamiento. Y por todo eso esperemos que en esa reunión hablemos de muchas más cosas, no sólo del plan Pista por supuesto.

P. Fomento alude en su respuesta a vuestras críticas a que Bruselas reduce un 50% los fondos para infraestructuras en el marco comunitario 2014-2020. Pero de Europa sólo llegan menos de 300 de los 1.300 millones del plan, por lo que los menores recursos se deben sobre todo a la menor capacidad propia de Estado y Junta. ¿Qué solución tiene esto?

R. Lo primero que se necesita es voluntad, voluntad de los políticos que para eso están y se tienen que estrujar la cabeza para ello. Y para eso les pagamos además. Bruselas lo tiene claro: cuando España superó el 80% de la media europea de PIB, se reducía el volumen de fondos que nos llegan de Europa. A raíz de la crisis, esa media de PIB ha caído al 70% y ahora sí estaríamos en zona donde recibir de nuevo fondos Feder en mayor cuantía. Pero lo que se hace a cinco o siete años es en función de los datos anteriores. Pero la propia Unión Europea recomienda que el 4% del PIB se invierta en infraestructuras. Este plan Pista supone el 0,17% del PIB andaluz. Creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor. Eso supondrá hacer recortes en otros ámbitos de actuación, probablemente. Pero es que no todo pueden ser subvenciones, hay que ir a la inversión productiva. Nosotros somos los que creamos empleo, no la Junta de Andalucía, y tiene que poner los mecanismos para que se cree ese empleo. Y la segunda cuestión es que realmente lo que contempla el plan se ejecute. A mí se me caen los palos del sombrajo cuando vemos que la oficina de control presupuestario del Parlamento, a 30 de junio, dice que del Plan de Empleo sólo se ha ejecutado el 7% sobre los 780 millones previstos para este año. Vamos a anunciar planes de verdad, vamos a ejecutarlos de verdad. Vamos a aprovechar esos fondos para esas cosas, y si no pasémoslo a otro sector que lo rentabilice. O devolvamos los fondos Feder porque la comunidad no tiene el 20% que tiene que aportar para desarrollar determinados proyectos: eso no se puede hacer. Quizá haya que reformar la propia administración, pero eso sería entrar en otra dinámica que no es la de esta entrevista.

P. Esta situación de escasez de recursos e incumplimiento de las planificaciones, ¿es propia de Andalucía o es generalizada en España?

R. En cuanto a la escasez de recursos, en todas las comunidades la situación es similar. Bien es cierto que en Andalucía, por la situación en que se encontraba cuando entramos en Europa como región con menores tasas de desarrollo, ha sido de los lugares donde más esfuerzo se hizo por parte de la Unión Europea vía fondos Feder. Y eso ha generado que se cree un tejido productivo en torno a ese sector de las infraestructuras mucho mayor que en otras comunidades autónomas. Las demás regiones se quejan exactamente igual, pero hay menos tejido productivo ligado a la construcción porque han destacado más otros sectores. Quizá también hizo menos falta en otras regiones poner en pie un plan de infraestructuras potente. Por eso quizá se nos oye más a nosotros aquí, pero la situación es generalizada. Todos dependemos de los fondos del Estado, y los de las comunidades autónomas se están consumiendo en el sostenimiento de las propias administraciones autonómicas. Lo que no se puede entender es que con un presupuesto que tiene la Junta de 31.000 millones de euros, sólo se destine el 0,17% del PIB a infraestructuras. Habrá que reformar eso, echarle imaginación, y cambiar esto.

Perspectivas

P. Hay ahora incertidumbre sobre la prórroga de los presupuestos estatales y quizá autonómicos, presupuestos en los que se inserta el plan Pista. Con este escenario, y sabiendo que ya en 2016 se está reduciendo la licitación y adjudicación de obras, ¿qué esperáis de 2017?

R. Esa es la puntilla a todo esto. En julio se cerró el presupuesto de gasto ante la incertidumbre que hay. Hasta ahora hemos vivido de la rémora de los presupuestos de 2016 que afortunadamente se aprobaron. Lo digo porque algunas opciones políticas decían en 2015 que no se hicieran presupuestos para no comprometer al que llegue. Pues ni ha llegado ni se les espera. Llevamos diez meses creando una imagen desazonada de lo que es España. Las cuentas se van a prorrogar con toda probabilidad, el techo de gasto de las comunidades se desconoce. Y en el caso de nuestro sector, la licitación ha caído un 38% hasta el mes de junio. Y se va a cumplir lo que decíamos ya en marzo o abril: que 2016 se va a cerrar con un descenso del 40% en la inversión en infraestructuras. La parte del Estado, la más importante en obra civil, se ha parado desde julio. La Junta se mueve en parámetros similares a los del año pasado, aguanta el tipo. Y las administraciones locales, que también dependen de fondos estatales en cierta medida, también están bastante paralizadas. Por ello creemos que nos vamos a encontrar con el peor año de adjudicación de obras de toda la crisis. Y ojalá nuestro sector fuera como otros, que crecen a tasa superiores a la media europea, pero me temo que nos espera un final de año de destrucción de empleo y concursos de acreedores en nuestras empresas.

P. ¿Tampoco entonces en el ámbito local cabe esperar alegrías?

R. Los ayuntamientos han sacado licitaciones ligadas a servicios, sobre todo de mantenimiento, para los cuatro años de legislatura que comenzaron el año pasado. Los ayuntamientos son los únicos que han cumplido con el tope de déficit que marca la ley, pero se dedican sobre todo a sus problemas locales. Eso da mucha vida a las empresas pequeñas, que les permite mantener el tipo, pero en los primeros seis meses del año ha caído también la adjudicación de obra un 26% respecto al año pasado. Hacen lo que pueden, dependen de presupuestos, y entre el tope de gasto y el cumplimiento del déficit, lo tienen difícil.

P. También señalasteis que en Andalucía está vetado el tema de la colaboración público-privada que permita compensar la falta de fondos públicos. Quizá por reticencias ideológicas, porque la experiencia de los metros de Málaga y Sevilla ha hecho ver que son modelos demasiado onerosos a largo plazo para las administraciones. ¿Creéis que esa vía sigue siendo válida?

R. Habría que abrir el debate de la colaboración público-privada. Hace años no éramos defensores a ultranza del mismo, porque entendíamos que la administración tiene que ser garante de lo que hace, pagar su inversión y ser el propietario. Pero las reglas del juego han cambiado. Tenemos una escasez de recursos y habrá que buscarlos de alguna manera. Y aquí hay intereses políticos, presupuestarios y de endeudamiento. Al final, la colaboración público-privada no evita ese endeudamiento a largo plazo que también es una hipoteca a futuro. Y que también computa como déficit. Si se consiguiera que los recursos utilizados en ese modelo, o parte de ellos, no computaran como déficit porque los sufraga el ciudadano… Porque no olvidemos que ese modelo genera unas tasas que hay que pagar. Y aquí ya entramos en la conveniencia o no política de que el ciudadano, aparte de sus impuestos, pague por otro tipo de infraestructuras que se pongan en servicio. Es un tema delicado, hay que tener la mente abierta a lo que se hace en otros países, porque cuando no hay pues de algún sitio hay que sacarlo.

P. Quizá también para grandes proyectos en concreto…

R. Claro, nos referimos siempre a obra civil, a grandes proyectos de infraestructuras de transporte, de logísticas, de ferrocarril. No estamos pensando en un colegio, obviamente. Aunque incluso nos consta que se están ofreciendo proyectos en concesión a Universidades, concesiones de edificios universitarios. Es la vía en la que se mueven las grandes empresas, muy apoyadas por los bancos. Explórese todo, hágase lo que se tenga que hacer, y que eso genere empleo, que es lo importante.

P. Además de las grandes infraestructuras de transporte, hay una expectativa de negocio que no termina de concretarse en torno a las obras hidráulicas, de depuración de agua, que necesita Andalucía. Habéis sido beligerantes respecto al cobro del canon para financiar estas obras, señalando que se está licitando poco respecto a lo recaudado. ¿Cómo está este asunto y qué expectativas tenéis?

R. Parece que el hecho de que nos quejemos por este tema, molesta. Pero el político no debe molestarse, estamos en nuestro derecho al representar a un determinado sector económico. Y sobre todo teniendo en cuenta que el único nicho de mercado en obra pública que se nos vendía como proyectos a ejecutar eran los 1.700 millones en las 300 actuaciones en materia de depuración que, aprobadas a final de 2010, tendrían que estar terminadas a final de 2015 para evitar las sanciones de la Unión Europea. Evidentemente no ha sido así. Se implanta el canon para financiar las actuaciones en depuración, aunque la Junta se comprometía a adelantar cantidades mientras esa recaudación alcanzaba un cierto nivel. A día de hoy, el canon ha recaudado en torno a 400 millones de euros. Y se ha empezado sobre 56 de esas actuaciones y adjudicado obras por 97 millones de euros. De ellas, unas se están ejecutando, otras han dejado de ejecutarse, otras están terminadas, en resumen la ejecución presupuestaria puede rondar los 40 o 50 millones a día de hoy. Somos conscientes de que no hay fondos, que la Junta no puede adelantar las cantidades que querría: vamos entonces a gastarnos el canon aproximadamente a su nivel de recaudación. Nos consta que ha habido entidades ofreciendo financiación para hacer las obras a cargo del canon. Pero como eso computa en déficit, tampoco se puede hacer. Con 400 millones recaudados, qué menos que tuviéramos actuaciones adjudicadas por 300 millones. Hemos perdido ya seis años, y en seis años se podía haber adelantado mucho trabajo de expropiaciones, de redacción de proyectos, para en cualquier momento dar el pistoletazo de salida y ejecutar esas obras de una vez. No ya porque las sanciones de la UE estén ahí, ya están multando a Portugal, sino porque era un nicho de mercado que redundaba en el sector: 1.700 millones son muchos millones.