El PP y Manos Limpias presentarán en octubre sus escritos de acusación en la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía tienen previsto hacerlo en septiembre.
La presentación de los escritos de acusación del PP y Manos Limpias se hará a mediados de octubre porque hasta el 1 de septiembre no recibieron la notificación de la providencia en la que el juez de instrucción Álvaro Martín daba de plazo para hacerlo hasta el 15 de septiembre.
Sin embargo, fuentes judiciales han explicado a Efe que la notificación de esa providencia "se dejó para el último día de julio", y como agosto no es hábil para las notificaciones, se tramitó para los procuradores el primer día de septiembre.
En su providencia, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla concedía un plazo común de 45 días naturales para que la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, Manos Limpias y el PP formularan escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía y la Junta de Andalucía presentarán sus escritos como muy tarde el 15 de septiembre porque ambas partes fueron notificadas directamente al no tener procuradores, han señalado las fuentes.
En el caso de la Junta de Andalucía, además, el juez le dijo en agosto pasado que tenía como máximo de plazo el 15 de agosto para presentar su escrito de acusación, en el que, previsiblemente, no incluirán a Chaves y Griñán y sí a alguno de los 24 ex altos cargos procesados.
En esta pieza, el juez procesó a 26 ex altos cargos por participar entre los años 2000 y 2011 en el reparto de 855 millones de euros para ayudas sociolaborales y de empresas.
Para ello, según el juez, los acusados crearon un procedimiento para "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía".
A Chaves, el juez le imputa prevaricación administrativa -que no conlleva prisión-, y a José Antonio Griñán le acusa además de malversación.
El juez también acusa a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, de los cuales imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.
Entre los procesados también hay dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluyó dentro del caso de los ERE, que empezó en 2011, y en ella el juez dejó fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio, así como al presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Sobre Chaves, presidente de la Junta de 1990 a 2009, "concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia", indica el instructor.
Para el delito de malversación que atribuye a Griñán, el juez marca "un hito cronológico en el año 2005", cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio de 2003 en el que se indicaba se "se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" para conceder subvenciones.
