La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cifrado en 4.672 millones de euros la cantidad actualizada que Andalucía ha dejado de recibir con la aplicación del actual sistema de financiación autonómica, tras lo que ha criticado la "teatralización" llevada a cabo por el Gobierno en este asunto, el cual "ha utilizado el debate territorial como excusa y coartada para no abordar la reforma de la financiación autonómica".

Por ello, la consejera espera que en la próxima legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica sea un tema prioritario para el nuevo Ejecutivo.

En una entrevista con Europa Press, la consejera, que resalta que Andalucía "ha sido y está siendo una comunidad cumplidora", considera que el asunto más importante que se debería abordar en la posible nueva legislatura sería la reforma del modelo de financiación autonómica "no porque las comunidades estemos pendientes de recibir recursos adicionales, sino porque se habla mucho pero la gente quiere saber si habrá dinero para financiar la sanidad, educación o servicios públicos".

A su juicio, "desenfocar el debate y llevarlo a las tensiones territoriales es errar el tiro", aunque considera que "hay que ser coherentes y escuchar lo que los ciudadanos nos piden a través de las urnas, nos piden que haya recursos para personas vulnerables y no tanto reducir el debate sobre si tiene más peso Cataluña u otra comunidad".

"Si se plantea el tema en clave de conflictos territoriales, flaco favor estamos haciendo a la gente, que nos pide altura de miras", ha aseverado la consejera, para la que "las políticas sociales, educación, sanidad y pensiones deben estar en el centro de un modelo donde todos seamos iguales". A su juicio, el actual Gobierno "ha utilizado el debate territorial como excusa para no abordar la reforma de la financiación".

No obstante, reconoce que "existen agravios de más de 500 euros de diferencia entre los habitantes de unas áreas y otras comunidades, y eso es mucho dinero al cabo del año".

De esta forma, insiste en que, según el último dato cerrado y actualizado, Andalucía ha dejado de recibir 4.672 millones de euros en relación con la media aplicando el actual modelo de financiación.

Por ello, para la consejera "no se puede utilizar este debate como moneda de cambio, pues el modelo de financiación autonómica debería permitir que todos fuéramos iguales".

A su juicio, "la gran urgencia de esta nueva etapa es ante el debate territorial, que está abierto, pero también ver como se administran los recursos y ver que respuestas reales se dan a esos problemas y cómo evitamos que haya malestar en algunos territorios frente a otros".

"Las comunidades infrafinanciadas no somos responsables de que durante mucho tiempo se haya mirado a otro lado cuando crecía la tensión territorial en algunos lugares como Cataluña", ha apuntado la consejera, quien critica que el Gobierno "no ha abordado el debate de financiación alegando problemas de tensión política y eso ha perjudicado a territorios importantes como Andalucía o Valencia, comunidades claramente infrafinanciadas".

"El debate territorial ha sido una coartada de Gobierno para no abordar la financiación", ha añadido la consejera, quien critica que el Gobierno "no ha establecido ninguna solución, solo los recortes".

FORO CON OTRAS CCAA

La consejera además ha anunciado que los días 21 y 22 de septiembre, en colaboración con la Universidad de Sevilla, organizará un foro sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas, donde pretende "escuchar la opinión de las comunidades autónomas y conocer cuál es la arquitectura que cada uno ha dibujado, no sólo en el diagnóstico, que ya sabemos como ha funcionado, sino en las alternativas con vistas de aproximar y unificar posturas, a ver si somos capaces de encontrar elementos comunes".

De esta forma, la Junta pretende en este segundo semestre del año "propiciar foros" y participar en foros en otras regiones, toda vez que el debate de la financiación "está vivo y ante ese debate el Gobierno se debe poner delante".

ACTITUD DE LOS MINISTROS

Preguntada por su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, la consejera ha aseverado que no comparte "en absoluto" la política económica del Gobierno central, aunque ha valorado su buena relación personal, de "afecto y cariño" con Montoro.

No obstante, critica el "reparto de papeles perfectamente pensado de Montoro y de Luis de Guindos en este período, donde a veces cada uno de ellos representa al 'poli bueno' y el 'poli malo', dependiendo del ámbito, bien Bruselas o las comunidades autónomas".

En ese sentido, ha criticado la "excesiva teatralización" del Gobierno y sus muchos "vaivenes" en una política económica que "se ha demostrado un fracaso y donde no se han cumplido objetivos de estabilidad y no han permitido un reequilibrio de las cuentas públicas, sólo ha traído sufrimiento e importantes recortes".

"No compartimos las políticas del anterior Gobierno y Montoro representa esa política y su continuidad sería ahondar en las políticas de fracaso", apunta Montero, quien lamenta que el ministro "en ocasiones no ha querido reconocer su responsabilidad y ha decidido dar el tajo a las competencias autonómicas cada vez que se tercie; y cada vez que había un instrumento de auxilio a las comunidades autónomas, se utiliza de forma torticera para restarnos competencias aunque sea voluntarias".

PLAN DE ESTABILIDAD

Preguntada por el plan de estabilidad que el Gobierno central debe presentar ante Bruselas, la consejera reconoce que "teme" y se echa a "temblar" al pensar en la letra pequeña de dicho plan, cuyo contenido no conoce aunque tema que "vaya en línea de lo que pide Bruselas, de acometer más recortes".

"La UE se equivocaría si piensa que puede continuar solo con una política de penalizar y castigar al país que se desvíe de cumplir sus objetivos, pues los ciudadanos están sufriendo y no puede haber más multas; no se puede tensar más la situación y la UE debe empezar a adoptar otros criterios que permitan aplicar una política económica distinta", ha añadido Montero.

Ha indicado que "los borradores que han filtrado siguen haciendo hincapié en un recorte y un menor porcentaje de gasto y porcentaje de participación del PIB en las políticas públicos, sobre todo sanidad y educación, lo que es una tendencia en línea con la UE; se quiere consagrar ese menor gasto público, que pretende a la postre la privatización de servicios públicos esenciales, iniciada en muchos países de la UE".

Espera que el plan de estabilidad se presente a mediados de septiembre "a pesar de que el Gobierno en funciones decía que, al no haber nuevo Gobierno, no sería posible presentar el plan", ante lo que la consejera deja claro que "sería perfectamente soslayable, con o sin Gobierno, pues el Congreso está operativo para abordar el debate sobre el plan de estabilidad".

CARTAS A LOS AYUNTAMIENTOS

La consejera ha criticado asimismo las cartas remitidas por el Gobierno a los ayuntamientos para acometer una posible disolución de las empresas públicas municipales que sean deficitarias, algo calificado por Montero como un "fuego a discreción repartido por todas las empresas públicas, sin ni siquiera conocer el detalle de cual era la utilidad y la situación de las empresas públicas de cara al ciudadano, solo analizando la situación económica".

"No se puede plantear un órdago anunciando el cierre indiscriminado de las empresa públicas, que prestan un servicio", ha indicado la consejera, que no comparte esos requerimientos, aunque precisa que la Junta no puede hacer nada en ese sentido al no poder interferir en una decisión del Gobierno central "salvo trasladar nuestra disconformidad".