La Fiscalía de Sevilla ha defendido la legalidad de las escuchas realizadas a los acusados por la muerte de Marta del Castillo con sus abogados en el locutorio de la cárcel, aunque la acusación particular que ejercen los padres de la víctima ha pedido la destrucción de las cintas y su anulación como prueba.


Fuentes del caso informaron a Efe de que la Fiscalía de Sevilla, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 4, ha apoyado la legalidad de dichas escuchas porque se acordaron en un auto bien motivado por el juez y eran "proporcionadas al fin que se perseguía", que era conseguir alguna pista sobre el paradero del cuerpo de la joven.


Por ello, el fiscal del caso se ha opuesto a la petición realizada por la abogada del asesino confeso, Miguel C. D, de que se decrete la nulidad del auto que autorizó intervenir sus conversaciones en el locutorio de la cárcel, que se destruya su soporte informático y que el contenido se anule como prueba para el futuro juicio.


Esta petición de nulidad ha sido apoyada por los abogados de los restantes acusados y también por el letrado José María Calero, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres de Marta, quien considera que se deben anular las escuchas de los acusados con sus abogados, por afectar al derecho fundamental de defensa, pero no la intervención de su correspondencia ni las entrevistas mantenidas con otras personas en el locutorio de la cárcel.


Entre los restantes cuatro acusados, el letrado de Francisco Javier D. M, hermano mayor del asesino confeso, se ha adherido en todos sus extremos a la nulidad de las escuchas y además ha invocado los derechos de defensa que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.


El juez de instrucción 4 de Sevilla autorizó el pasado 3 de marzo intervenir todas las conversaciones de los encarcelados por el crimen de Marta con el objetivo de encontrar alguna pista sobre el lugar donde arrojaron el cadáver.


La transcripción de dichas conversaciones no reveló el paradero del cuerpo pero en ellas el asesino confeso ratificaba que lo arrojó a un contenedor y expresaba su sorpresa por el hecho de que no hubiese aparecido, después de un mes de búsqueda, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).


La Fiscalía de Sevilla ha apoyado la decisión del juez porque la restricción del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones se acordó según lo previsto por la ley, en un auto motivado y "proporcional al fin que se buscaba", según las citadas fuentes.


La Policía rechaza la intervención de la Guardia Civil que pide Gallardo


Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) rechazó ayer la petición del decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, de que la Guardia Civil investigue la muerte de Marta del Castillo y le pidió que vigile la deontología de los letrados que aconsejaron a los acusados cambiar su declaración.


En un comunicado, el SUP afirma que las declaraciones de Gallardo son una "intromisión ilegítima" en las competencias de una institución del Estado como es la Policía.


Gallardo abogó el pasado sábado por una intervención de la Guardia Civil para hacer una "investigación complementaria" y "agotar todas las posibilidades" en la búsqueda de Marta del Castillo.


El secretario general del SUP en Andalucía, Manuel Espino, dice en su comunicado que Gallardo debería "ocuparse de velar por las conductas deontológicas de sus colegiados", pues los acusados por la muerte y desaparición de Marta empezaron a cambiar de declaración una vez que ingresaron en la cárcel, el pasado 17 de febrero, y se entrevistaron con sus abogados.


Hasta entonces, los detenidos, que estuvieron incomunicados en dependencias policiales, hicieron las mismas declaraciones ante la Policía y luego ante el juez repitieron "milimétricamente lo mismo que habían manifestado a la Policía, coincidiendo en el punto exacto del puente del que arrojaron a Marta al río".


Por ello, Espino pide además al decano de los abogados que impulse los cambios legislativos necesarios que "impidan que los delincuentes puedan cambiar su versión de los hechos impunemente".


El SUP compara la investigación de la muerte de Marta con el triple crimen de los Galindos, cometido en los años 70 en un cortijo de Paradas (Sevilla), que según recuerda "fue investigado por la Guardia Civil con resultado absolutamente negativo en cuanto al esclarecimiento de sus autores".


"Es como pretender que el crimen de Los Galindos lo volviera a investigar la Policía como segunda opinión", según el SUP.


El sindicato policial rechaza también las palabras de Gallardo sobre los "investigadores expertos" que posee la Guardia Civil y dice que "el decano de los abogados debe saber que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con los mejores expertos en investigación criminal que existen en España y que sus laboratorios son de lo mejor que hay en Europa, entre los que se encuentra el de Sevilla".