La Guardia Civil ha implicado en los ERE a la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y a la ex directora de Trabajo Soledad Córdova en 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, por presunta prevaricación y malversación en las ayudas sociolaborales concedidas a la Faja Pirítica de Huelva.
Así se recoge en un atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva que ha sido entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE.
El atestado asegura que de las 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, en 51 de ellas no se cumplían los requisitos de los 55 años "bonificados" para recibirlas.
Esa decisión de conceder ayudas públicas a individuos que no les correspondía se hizo con conocimiento de las administraciones porque se podría "romper nuevamente la paz social" y para "evitar la presión social de los sindicatos", según la Guardia Civil.
El acuerdo de colaboración para la crisis de la Faja Pirítica se firmó el 27 de febrero del 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre del mismo año se firmó el acuerdo marco que daba solución de los mineros afectados.
Por ello, la Guardia Civil imputa a 267 personas, entre ellas 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios de las pólizas y sindicalistas así como a otras nueve personas que habían sido imputadas con anterioridad, lo que eleva los imputados en el caso de los ERE a 537.
Entre los imputados se incluyen los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, como vicepresidente de la asociación Faja Pirítica.
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