La Junta de Andalucía ha pisado el acelerador legislativo y presume de haber moldeado ya, un año después de arrancar la legislatura, casi la mitad de los proyectos normativos que esbozó Susana Díaz en su discurso de investidura. Se encuentran en distinta fase, desde los que han recibido ya el beneplácito del Parlamento y las bendiciones del BOJA hasta los sometidos a exposición pública o aún en fase de redacción, pero en los últimos meses tras esa estela triunfal emerge una pregunta recurrente: ¿dispone la Administración andaluza realmente de fondos para traducir en políticas palpables todas esas leyes, proyectos y normas que impulsa? Hay organismos públicos, como el Consejo Económico y Social, que se permiten ponerlo en duda e incluso reprochan la falta de concreción.
El Consejo de Gobierno alumbró este martes otra de esas paradojas. Dio el visto bueno a la Estrategia Industrial Andalucía 2020, un ambicioso plan que aspira a que el sector insufle en cinco años aire a la economía regional hasta sustentar el 18% de todo el valor de su producción. Entre los objetivos también figura recuperar el listón de los 533.000 empleos en la industria, los niveles previos al azote de la recesión. Son algunos de los objetivos. Para lograrlos la Junta augura que logrará movilizar una inversión conjunta (pública y privada) que rebasará los 8.000 millones de euros a través de, literalmente, “nuevos instrumentos financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i”. A partir de ahí, como en la mayoría de las normas y leyes que han pasado el decisivo filtro del Consejo de Gobierno, se abre el abismo de la duda. El texto se aprueba, pero encontrar soporte económico ya es otro cantar por las restricciones de la crisis.
En el caso de la Estrategia Industrial validada este martes buena parte del fuelle financiero, por no decir todo, se fía a los fondos que transfiera Bruselas. Eso facilitaría en buena medida sufragar las cantidades que contemple la Orden de Incentivos al Desarrollo Industrial y la Creación de Empleo para los años 2016-2017 que, se supone, primará aquellos proyectos que más empleo generen.
Problema: esos fondos europeos siguen suspendidos hasta que la UE determine si los errores que en su día le alarmaron y provocaron su paralización (entre ellos los derivados del escándalo de los cursos de formación) eran de tal calado o merecen que se levante el veto. Cierto que se han dado ya pasos para recuperar la normalidad, incluidas varias visitas de auditores de Bruselas, pero de momento el grifo sigue cerrado. El portavoz del Gobierno autónomo, Miguel Ángel Vázquez, aseguraba que ya se ha remitido un escrito al Ministerio de Empleo reclamando el levantamiento de la suspensión al entender la Junta que “cumple todos los requisitos”. Hasta que se evapore el castigo, contar con esas cantidades es imposible.
Otro tirón de orejas
La escasa concreción financiera que manejan las consejerías de la Junta es motivo de alerta incluso entre sus propios órganos de control o consulta. Ha ocurrido, por ejemplo, con el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Anteproyecto de Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una de las iniciativas estrella de la legislatura por su impacto social. En su batería de apreciaciones sobre el articulado, el organismo que preside Ángel Gallego duda de que la futura ley sea “una auténtica norma jurídica” y llega a relegarla a “declaración de intenciones”.
Entre los fallos solventables encuentra uno básico: la atención a los discapacitados como derecho “descansa en la existencia de los recursos económicos necesarios”, de ahí que en la reunión mantenida el pasado 23 de junio el CES elevase a “de vital importancia que la ley cuente con dotación suficiente”. Obviarlo, alerta, la relegaría a mero papel mojado. Lo mismo ocurre con la Ley de Asuntos Sociales, otra prioridad para Susana Díaz. El riesgo es que las nuevas iniciativas caigan en el mismo pozo burocrático de las ayudas al alquiler o las de apoyo a los autónomos, aprobadas hace años pero pendientes siempre de pago.
Nuevo pago a los funcionarios
El Consejo de Gobierno dio luz verde también este martes a una partida de 124 millones para sufragar los compromisos cerrados con los sindicatos para restituir los derechos perdidos por los funcionarios durante la crisis. Ese pacto, sellado en plena precampaña del 26J, incluía la devolución en septiembre de una parte de la extra anulada en las Navidades de 2012. Será el segundo pago del año tras el de febrero. El anuncio coincidía con la crítica al cerrojazo del Presupuesto nacional.
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