Según recordó la Confederación en un comunicado, el Fondo, dotado con 8.000 millones de euros, tiene por objeto aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata, siendo ya en Andalucía 5.706 los proyectos presentados.
CANF-Cocemfe Andalucía instó a las corporaciones a que cumplan con la normativa vigente, ya que “la igualdad de oportunidades será real para las personas con movilidad reducida cuando se garantice un entorno accesible”, puesto que es “un derecho fundamental de la ciudadanía transitar por calles y edificios”.
Del mismo modo, hicieron un llamamiento a los responsables municipales para que “tengan en cuenta aspectos de accesibilidad, que beneficiarán a más de 400.000 personas en Andalucía, tanto en los proyectos presentados como en la supervisión de las obras”, dado que en muchas ocasiones durante su ejecución “no se tienen en cuenta los parámetros y medidas exigidas”.
Aunque el Plan recoge un apartado específico para la realización de obras con el fin de suprimir las barreras arquitectónicas, “las acciones de mejora de las infraestructuras urbanas a las que se acogieron los ayuntamientos deben cumplir con la normativa relativa a la accesibilidad”.
En este sentido, las competencias legalmente reconocidas a los ayuntamientos en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, establece en su artículo 47 “la obligación de que en los procesos de redacción, visado, supervisión e informe de proyectos y funcionamiento se atengan a lo regulado” en dicho decreto.
“La experiencia demuestra que en numerosas ocasiones, las obras llevadas a cabo para la accesibilidad resultan inútiles por no respectar la normativa y el sentido común”, lamentaron desde la Confederación. De esta forma, el presupuesto destinado a este tipo de ejecuciones es, a su juicio, “improductivo”.
Del mismo modo, consideraron que “tan importante como el diseño es la ejecución de la obra, por lo que los responsables municipales de las mismas deberían mostrar más rigor e interés en su supervisión”. Por ello, desde CANF-Cocemfe Andalucía solicitaron la formación específica en materia de accesibilidad “no sólo de los redactores de los proyectos, sino también de las personas responsables de la ejecución”.
Universidad sin adaptación
No es el único ámbito donde todavía queda mucho por hacer en materia de accesibilidad. La pasada semana, en unas jornadas sobre Universidad y Discapacidad organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, las consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía reconocieron que ninguna universidad andaluza cuenta con planes de estudio adaptados a las necesidades de los alumnos discapacitados que cursan estudios de educación superior, por lo que destacaron la conveniencia de elaborar un plan general y armónico de accesibilidad para superar las carencias existentes en esta materia.
Así, el director general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Sánchez, indicó que son “permanentes” la quejas recibidas por la Administración por la falta de adaptación curricular de las carreras universitarias a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, sobre todo, provenientes de los Defensores Universitarios de Andalucía.
Así, Sánchez apuntó que el trabajo de las universidades andaluzas para garantizar el derecho a la educación superior a este colectivo se ha dirigido fundamentalmente a la eliminación de barreras arquitectónicas -para lo cual la Consejería de Innovación destina algo más de medio millón de euros anuales a cada institución académica de la región-, pero destacó que “lamentablemente, ninguna universidad ha tomado nota de la necesidad de establecer metodologías docentes para adaptadas a los alumnos discapacitados”.
“La metodología docente no ha cambiado en este sentido en una época en la que se ofertan todas las posibilidades para ello a través de las nuevas tecnologías”, señaló, manifestando que “más que de una falta de recursos se trata de una falta de concienciación social”.
No obstante, reconoció que las universidades “hacen todo lo que pueden” por subsanar problemas concretos en momentos puntuales, como en las pruebas de acceso a la Universidad, pero “sin que exista un plan general y armónico de accesibilidad para todas las universidades”, algo “necesario” teniendo en cuenta que la formación universitaria “está cambiando” y está adquiriendo una dimensión de “formación a lo largo de toda la vida”.
El sector del turismo también debe invertir en accesibilidad para atraer a esa clientela
El turismo también es otro sector en el que queda mucho camino por recorrer en materia de accesibilidad. Así, en unas jornadas específicas sobre turismo accesible, los expertos no dudaron en recomendar a los empresarios que inviertan en eliminar las barreras arquitectónicas de sus establecimientos para sumar a su clientela a discapacitados y jubilados, considerados un “nicho importante”.
En esas jornadas, la directora de la Oficina Provincial de Accesibilidad de la Universidad de Granada y la Diputación granadina, Consuelo del Moral, apuntaba que la solución de problemas de accesibilidad en el turismo no es “ni rápida, ni fácil”, aunque con conocimiento “se puede conseguir” tal y como ha ocurrido en otros países europeos. Pese a ello, Del Moral indicaba que el sector ha de tener voluntad para entender la accesibilidad como una herramienta más de calidad del sector, ya que las personas con discapacidad son “clientes potenciales”, lo que supone un “nicho importante” en el turismo, y aunque la eliminación de barreras supone un coste económico “importante”, la inversión es una “apuesta social” debido a la importancia que tiene el turismo en España.
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