La Consejería de Salud ha abierto expediente para iniciar un procedimiento sancionador al grupo Volkswagen por el supuesto fraude en las emisiones, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería.
La organización de consumidores Facua ha asegurado que las denuncias presentadas por ellos han llevado a la Junta de Andalucía a abrir expediente sancionador a Volkswagen por el fraude en las emisiones, puesto que la manipulación del software para falsear los datos sobre los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) afecta a unos once millones de vehículos a nivel mundial, de los que cerca de 700.000 fueron vendidos en España, según ha asegurado la propia federación de consumidores.
Según ha informado Facua en una nota, se trata de "la primera autoridad de consumo autonómica que incoa expediente sancionador por este fraude masivo", después de que Facua plantease sus denuncias ante los 17 organismos de Consumo de los gobiernos regionales por vulnerar las normativas respectivas.
Tras estallar el escándalo, la asociación puso en marcha una plataforma de afectados de la que forman parte ya más de 40.000 personas, el mayor colectivo de conductores en toda la Unión Europea.
Por su parte, la Dirección General de Consumo de la Junta ha decidido iniciar las actuaciones sancionadoras tras recibir cerca de 800 denuncias de las ocho asociaciones provinciales de Facua en Andalucía en representación de sus socios.
Así, el organismo ha comunicado a la organización que en relación con las denuncias presentadas por esa asociación, tras las debidas actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo se ha procedido al "inicio de un procedimiento sancionador que incluye los motivos denunciados en su escrito".
En esta línea, Facua también ha decidido acudir a los tribunales al objeto de "exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados". De esta forma, los propietarios de los vehículos pueden sumarse al procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional a través de la página web Facua.
Según explica el comunicado, "el secretismo de la empresa y la inacción" que hasta la fecha han mantenido la inmensa mayoría de autoridades competentes (autonómicas, nacionales y europeas) han sido "la tónica desde que se conociese que la multinacional alemana manipuló los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi", a través de un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos, por lo que los coches contaminaban muy por encima de los límites legales.
En sus denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo, Facua ha indicado que "estos hechos vulneran ampliamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios" (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).
Así, ha señalado varios apartados de su artículo 49, que establece como "infracciones en defensa de defensa de los consumidores", entre otros, "el incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública".
Por otro lado, Facua también cita como infracciones "el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores" y "la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad", también recogidas en el citado artículo de la ley de defensa de los consumidores.
PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES
En cuanto al resto de autoridades autonómicas de Consumo, siete de ellas han archivado las denuncias de esta asociación o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, "alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio nacional, lo que les otorga potestad sancionadora". Es el caso de Canarias, La Rioja, Asturias, Navarra, Murcia, Castilla y León y Baleares.
De esta forma, Facua está recurriendo estas decisiones, pues corresponde a las autoridades de protección al consumidor defender los derechos de los usuarios afectados. Por su parte, la Agencia Catalana de Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tan sólo han informado a Facua de que iniciarán las averiguaciones oportunas para determinar si consideran procedente abrir un expediente sancionador.
Por último, asegura que otras cinco comunidades "se han limitado a acusar las denuncias de Facua sin indicar nada sobre las actuaciones que están llevando a cabo" (Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana), en el caso de que lo estén haciendo. Asimismo, Galicia y Extremadura ni siquiera han respondido aún a las denuncias.
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