Ocupar uno de los sillones que circundan el Salón de Plenos del Parlamento andaluz tiene recompensas y una de ellas, paradojas, la disfrutan sus señorías cuando lo abandonan. Ya sea por renuncia voluntaria o simplemente porque expire la legislatura, cada uno de los diputados tiene derecho a una indemnización mensual conocida como cesantía, que recibe todos los meses de forma puntual en su cuenta corriente para compensar los servicios prestados a la Administración y, en teoría, los obstáculos que podría encontrar en su reincorporación en otra actividad del mercado laboral. Las cantidades, que fluctúan y dependen del tiempo dedicado a la labor legislativa y del cargo, son incompatibles con cualquier otro ingreso del sector público o privado.
El sistema está regulado por ley y de hecho se inspira en el paraguas que cobija a los parlamentarios nacionales. Justificado o no, ese mecanismo de protección tiene un precio que en el caso de la última legislatura ronda el millón y medio de euros. En concreto 1,47 millones a cargo de las arcas públicas, ya sea a través del propio Parlamento de Andalucía o de la Consejería de Hacienda en los casos de los exaltos cargos del Gobierno autonómico.
En la primera de las parcelas, hasta 64 diputados de las tres formaciones que obtuvieron representación en la legislatura 2012-15, la que saltó por los aires por las desavenencias entre PSOE e IU, se han repartido 759.091 euros. Los últimos en recibirlas (el resto o bien las ha agotado ya o las perdieron al incorporarse a otro cargo) lo hicieron entre febrero y marzo de este año. La ley marca que pueden ser percibidas durante un periodo mínimo de tres meses y un máximo de 12.
En el otro grupo aún hay quien las ingresa. Es el capítulo reservado a quienes tuvieron responsabilidad de Gobierno, ya sean consejeros y viceconsejeros o el resto de altos cargos. Ahí los meses reconocidos se dilatan y hay quien disfruta de hasta dos años completos de indemnizaciones. Si los nueve beneficiarios que aún tienen derecho a cobrar las cesantías a día de hoy las agotan sumarán otra voluminosa partida de 720.048 euros, mucho más suculenta per cápita porque se las reparten sólo 13 personas que ostentaron algún puesto de máxima responsabilidad. En ese grupo de privilegiados aparecen, por ejemplo, Diego Valderas y Rafael Rodríguez, exconsejeros respectivamente de Presidencia y Turismo, ambos de IU. Tienen reconocida una prestación de 4.228,57 euros durante 24 meses que se prolongará hasta enero de 2017.
Máximo de 101.000 euros
Son los que cobrarán durante más tiempo, pero hay mensualidades más altas aunque por menos meses. El dimitido exinterventor general de la Junta, Adolfo José García, tenía reconocidos cuatro meses a razón de 5.488 euros que vencieron hace días, la misma cantidad que percibirá durante un año y hasta enero el exviceconsejero de Agricultura Juan Cortecero. Por encima del listón de los 5.000 euros están también los exviceconsejeros María del Mar Alfaro y Luis Nieto, y los exsecretarios generales Elisa Rosa Maldonado, Antonio José Hidalgo y Francisco Andrés Triguero. Valderas y Rodríguez podrían embolsarse hasta 101.485 euros.
En el caso de los diputados, cifras y plazos dispares. Al que fuera presidente del Parlamento Manuel Gracia se le reconocieron 67.021,92 euros pero sólo cobró 16.485 al ser luego nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Ignacio Pelayo García (IU) fue al final el que más ingresó, hasta el último euro de los 47.165 a que tenía derecho.
Cuando se cobra por sólo 10 ó 12 días
Cada diputado es un mundo: hubo quien agotó hasta el último mes de cesantía al que tenía derecho por ley, quien dejó de recibir las prestaciones al ser reelegido para otra legislatura o quien simplemente encontró otro trabajo más allá de la Cámara autonómica. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis cobró 1.341 euros por 12 días y Juana Amalia Rodríguez otros 1.298 por diez. Ambos se reubicaron en otro puesto rápidamente.
