La juez María Núñez Bolaños ha abierto otra pieza separada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones contra el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el 'conseguidor' Juan Lanzas y otras 13 personas.
En un auto fechado el pasado día 8 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda incoar diligencias previas en relación a las sobrecomisiones de los ERE al entender que podrían haberse cometidos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que, el 9 de noviembre de 2015, la instructora rediseñó la división del caso ERE y desgajó de la pieza matriz el denominado procedimiento específico, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago.
En relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito".
A su juicio, "las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital --no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)-- de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía".
En este sentido, la juez asevera que éstos últimos pagos de importes de primas por la Junta serían "muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas", puesto que "era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta".
La juez incluye en esta pieza "como penalmente responsables" a Zarrías, que recientemente ha sido procesado en la pieza del procedimiento específico por el que concedieron las ayudas investigadas junto a otros 25 ex altos cargos de la Junta, al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.
Igualmente, en esta pieza serán investigados Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e 'intruso' en el ERE de 2007 de Mercasevilla; el dueño de Uniter, José González Mata, o los presuntos 'testaferros' Eduardo Leal del Real y Juan Francisco Algarín.
La pieza también afecta a Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 y cuya esposa fue incluida como 'intrusa' en el ERE de Dhul; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén cuya esposa fue incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa; el abogado Carlos Leal; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas", y Beatriz Núñez.
HASTA 12 MILLONES EN SOBRECOMISIONES
En febrero de 2014, la Guardia Civil elevó un oficio a la juez Mercedes Alaya en el que cifraba en 12.176.626,55 euros las sobrecomisiones cobradas por la intermediación en los ERE pagados por la Junta en sólo diez empresas investigadas, como son Surcolor, González Byass, Cespa, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Hotel Cervantes, SOS Cuétara, Bilore y Calderinox.
De este modo, y en relación a estos expedientes, la Benemérita indicaba que, sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros, "se han abonado comisiones a los mediadores por valor de 18.065.630,97 euros, que constituyen un 13,60 por ciento en promedio, mientras que la media de mercado en promedio habría sido del 4,60 por ciento, lo que implica que se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros".
En concreto, y tras el estudio de la información tributaria efectuada sobre las citadas mediadoras, la Guardia Civil señalaba que "se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido de estas empresas más de siete millones" como "contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas".
