Todo un bombardeo de preguntas durante más de cinco horas no sirvió para mover un centímetro a Manuel Chaves ni a José Antonio Griñán, dos ilustres jubilados según definición propia, del planteamiento inicial con el que se adentraron este lunes en la sala del Parlamento de Andalucía que acoge las comparecencias de la comisión de investigación de los cursos de formación. Por separado, y en un tono quizás más plácido de lo previsto salvo en el intercambio de golpes con el PP, ambos se aferraron a un argumentario calcado: hasta donde se extiende su responsabilidad, la de haber manejado los hilos de la Administración como presidentes de la Junta, actuaron ateniéndose a la “más estricta legalidad” y conforme a un “procedimiento reglado y garantista”.
De nuevo ante el trance de una comisión casi cuatro años después de pasar por la de los ERE, los exjefes del Ejecutivo autonómico defendieron idénticas posiciones: nunca tuvieron conocimiento de irregularidades, nadie les dio la voz de alarma y mucho menos se aprobaron en sus Consejos de Gobierno decisiones que ahora pudieran ser constitutivas de delito. “Nunca conocí, impulsé ni toleré irregularidades. No lo habría consentido”, proclamó Chaves. “Si hubo deficiencias no fueron de la Administración sino contra ella”, rubricó su sucesor en San Telmo.
¿Qué ocurrió entonces para que el fraude (“si es que existe”, puntualizaron ayer los expresidentes) ponga en duda la gestión de 3.000 millones de euros? Manuel Chaves marcó su territorio: advirtió de que ponía la mano en el fuego por todos sus funcionarios y sus altos cargos pero limitándose al arco temporal de su mandato, sin responsabilizarse de “periodos que gobernaron otros”, y subrayó hasta en tres ocasiones que en el caso de haberse producido algún acto ilícito sería “responsabilidad de quien lo cometió”, el empresario en cuestión, “no de la Administración”. Pese a las críticas, a su juicio la formación fue “eficaz” para crear empleo.
Para repeler la lluvia de preguntas ambos se protegieron bajo el mismo paraguas: las competencias en las política activas de empleo y en la formación profesional pertenecían en exclusividad a los consejeros, y a ellos se remitieron en una veintena de ocasiones. “Eso era tarea exclusiva de los consejeros y no se decidía en el Consejo de Gobierno”, coincidieron en la sucesión de interrogantes vinculados a la trama, desde por qué no se amplió la plantilla de funcionarios que revisaba los expedientes hasta las ayudas concedidas a Delphi, el entramado de empresas del exconsejero Ojeda (“yo no he hablado jamás con él de formación”, aseguró Griñán) o el agujero de la Faffe.
Silencio sobre Susana Díaz
En el resto de las comparecencias afloraron las ya famosas exceptuaciones, el mecanismo que permitía a las empresas de formación retrasar las justificaciones tras recibir el 75% inicial de las ayudas; las amenazas de menoscabo y los informes de alerta desoídos de la Cámara de Cuentas. El PP, incisivo, metió el dedo en varias llagas, entre ellas la de Rafael Velasco, el que fuera número 2 del PSOE-A obligado a dimitir por las subvenciones a la empresa de su esposa y que recibió el mismo argumento: las decisiones las aprobaría un consejero.
La última gran coincidencia de Chaves y Griñán convergía en Susana Díaz, que comparece este martes. El PP intentó hasta la saciedad que valoraran unas palabras de la presidenta de 2015 en las que aseguraba que no había convocatorias de cursos por las sospechas sobre las anteriores. “Mañana [por hoy] le pueden preguntar”, ironizaron. Griñán, que la nombró sucesora, incluso la elogió en público.
Mar Moreno, a salvo de los “nubarrones”
A Mar Moreno, consejera de Educación entre abril y agosto de 2013, ni siquiera le dio tiempo de completar las transferencias a su departamento de la Formación Profesional para el empleo. Eso fue lo que defendió en su comparecencia previa a la de los expresidentes para justificar que no conociese irregularidad alguna. Los “nubarrones informativos” sobre el caso, como los definió, llegarían tras su relevo.
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