La exconsejera de Educación de la Junta de Andalucía Mar Moreno ha afirmado este lunes que "jamás recibió ni dio" orden alguna para que se dejara de observar la legislación vigente y, es más, ha señalado que "las exigencias de gestión de Andalucía no tienen parangón".

   Así lo ha señalado en su última intervención en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad.

   "En los cinco meses que fui responsable de las competencias de Formación para el Empleo en la Consejería de Educación --desde el 3 abril al 9 de septiembre de 2013--, trabajé desde el más absoluto respeto a la norma", ha subrayado como colofón a las algo más de tres horas de sesión de comisión, donde ha apuntado que "otras comunidades presentan panoramas de gestión muy similares a Andalucía sin que se descalifique el todo por la parte, ni se cuestione la honestidad de los gestores y sin que se criminalicen aspectos que pertenecen al ámbito más administrativo".

   Moreno, que se ha sometido a las preguntas de los miembros de la comisión, ha señalado que las competencias de formación para el empleo llegaron a Educación el 3 de abril de 2013, tras un cambio en la normativa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con el objetivo de unir la formación profesional reglada y la de empleo.

   El trabajo de esos cinco meses se basó en recepcionar la transferencia de las competencias y, luego, desarrollarlas. En el plano organizativo, propuso crear una Secretaria General para Formación Profesional y Educación Permanente, donde residirían los dos tipos de formación profesional.

   "Se hizo así por dos razones, para que estas dos competencias estuvieran bajo un mando único y una visión de conjunto, y que no fuera simplemente una suma de competencias. También porque la Consejería de Educación es de las más grandes, con una carga de gestión importante y una fuerte carga política", ha explicado.

   Al frente de la misma nombró a Jorge Felipe Cara, quien ya compareció en esta comisión de investigación. Asimismo, también ha señalado el nombramiento de la ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programa para el Empleo Teresa Florido.

   En el plano administrativo, Moreno ha apuntado que el reto era desplegar la transferencia de las competencias; mientras que en el plano político se buscaba planificar el nuevo escenario de la formación profesional para el empleo.

   "Mi cese como consejera fue el 9 de septiembre de 2013 y tuve ejercicio de estas competencias durante cinco meses y, a mi salida, quedaban importantes traspasos pendientes, no se culminó al cien por cien", ha detallado. "Apenas dio tiempo a hacer casi nada. Hicimos frente al traspaso parcial de las competencias y dejamos planteadas las líneas generales para la formación profesional para el empleo", ha subrayado.

   Tras señalar que la integración de estas competencias en Educación "nunca ha sido un tema pacífico", a preguntas del diputado de IULV-CA José Antonio Castro, la compareciente ha apuntado que, en ese periodo, "no había alarmas" sobre este asunto y, por tanto, se trabajaba "con normalidad".

   "A partir del 3 de abril, el traspaso de personal se empezó inmediatamente y cuando me fui aún no estaba culminado, faltaba el personal base. Luego, la documentación, que se hizo entre abril y junio, prácticamente antes del verano. Luego, el traspaso informático, que era muy delicado y complejo de hacer. Y, por último, el contable. Ninguno había terminado para septiembre cuando yo salí", ha precisado.

   Si bien, ha destacado que "no había un parón", ya que, "una vez que la ley se cambia --para que el SAE deje de tener las competencias en esta materia--, los expediente están en las unidades administrativas". "Para nosotros fue bastante rápido. El personal base no está cuando yo me voy, pero el personal está trabajando", ha declarado Moreno, quien, si bien, ha dicho no conocer al detalle el estado de la documentación en el proceso de traspaso. "Plena confianza, realizado por funcionarios y sería el mejor trabajo posible", ha indicado Moreno.

"ERA UN RETO"

   Moreno ha afirmado que a Educación le hacía "ilusión" recoger las competencias de formación profesional para el empleo porque suponía "un reto". "Estábamos convencidos de que la competencia venía para quedarse e íbamos a planificarla. Nosotros hasta teníamos ilusión", ha señalado.

   Preguntada por el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, la compareciente ha afirmado que cuando le llegan las competencias "no hay alertas" y "no se suspendió nada". "No tuve la posibilidad de decidir si hacia convocatoria o no" porque el plan anual de políticas de empleo, que realiza el Ministerio, con el reparto para Andalucía se aprobó un día después de su salida de la Consejería.

   Al ser preguntada por la falta de personal que otros comparecientes han apuntado, Moreno ha señalado que aspiraban a la mayor transferencia de personal posible. "Educación al ser tan grande, tenía un mayor soporte para la gestión", ha afirmado, pero, no obstante, ha precisado que no tuvo tiempo de abordar estas cuestiones cuando se marchó en septiembre de 2013.

   Moreno, a cuestiones del diputado del PP Jaime Raynaud, ha llamado la atención sobre el Real Decreto 4/2015 del Gobierno de España en el que hace referencia a "debilidades" del sistema de formación profesional para "el conjunto de España". "Hacía falta la mejora de la gestión y es un acierto del Ministerio cambiar para que mejore en toda España", ha explicado.

AVOCACIÓN FLORIDO

   Cuestionada por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre la avocación de la ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programa para el Empleo Teresa Florido en los expedientes en los que estuviera presente el exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda, por ser su cuñado, Moreno ha apuntado que se produjo "absolutamente en términos cien por cien legales".

   En este sentido, ha señalado que Florido se dirigió a Cara para poner en marcha el proceso de avocación de competencias en los expedientes relacionados con Ojeda, algo que ya se había realizado en la Consejería económica cuando las competencias residían en Empleo. "Se extremaron las cautelas administrativas y con el cambio de las competencias a la Consejería de Educación se volvió a hacer. Supongo que sería necesario hacerlo", ha apuntado.

CONSORCIOS

   En el ámbito de los consorcios escuela, Moreno ha señalado que de manera tradicional una misma persona aglutinaba la responsabilidad de director general de formación profesional y presidenta de algún consorcio, como era en el caso de Florido. "No era la única", ha afirmado.

   Sobre la resolución de exceptuación a los consorcios en relación a las justificaciones de subvenciones que firmó en julio de 2013, la exconsejera ha indicado la legalidad de la misma orden y ha señalado las presiones de los ayuntamientos, en concreto, el de Málaga en el caso de La Cónsula, para "resolver los problemas económicos de los consorcios".

   "Todas las administraciones presentes en los consorcios trabajábamos para solucionar estos problemas. Estábamos convencidos de que merecía la pena", ha señalado la compareciente, quien ha precisado que "sólo había una presunta mácula, que se está investigando, en el consorcio centro andaluz de formación medioambiental para el desarrollo sostenible (Formades) y centrado en una persona jurídica".

   Por último, preguntada por la diputada del PSOE María Luisa Bustinduy, ha insistido en que "todas las resoluciones adoptadas iban con todas las revisiones legislativas y fiscalización", al tiempo que ha apuntado que "se trabajó con normalidad" y "no había ninguna alarma al respecto".