Numerosas entidades médicas, asociaciones de pacientes y entidades han valorado la aprobación del proyecto de Ley sobre muerte digna, la mayoría de ellas para respaldar las garantías para pacientes y profesionales que significará la norma.
Así, la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (Sacpa) expresó su satisfacción por esta aprobación y pidió que esté "acompañada de las correspondientes inversiones presupuestarias que hagan posible su cumplimiento".
Su presidenta, María del Carmen Francisco, incidió en la necesidad de la "homogeneidad en la formación del colectivo de paliativos" y que la ley "garantice la equidad en los recursos y permita la creación de más equipos de soporte en la comunidad autónoma".
En un comunicado, la doctora Francisco destaca que "la ley regula temas candentes y da seguridad al médico y a los profesionales de los paliativos" y garantiza "el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor en el proceso de su muerte".
También resalta que la ley permite "la igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en dicho proceso".
La nueva norma aún debe ser debatida y ratificada por el Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, y por ello, la Sacpa anunció que se reunirán con los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces ante el inminente trámite en la Cámara de la Ley de la muerte digna, donde el texto "puede mejorarse".
Por su parte, la asociación el Defensor del Paciente se mostró "totalmente de acuerdo" con esta ley y, en un comunicado apuntó su conformidad "siempre que haya un consentimiento escrito del paciente o en su defecto de un familiar directo si el paciente no estuviera capacitado para hacerlo".
Además, mostró su acuerdo con las sanciones que prevé la ley "si se incumpliera por parte de un médico, clínica y/ hospital ya sea público como privado" aunque manifestó que echan de menos que el texto no recoja "el paciente estará en compañía de sus seres queridos en una sala creada al efecto desde el momento en el que se le ponga la medicación terminal".
La asociación preguntó por qué no se habla de eutanasia "ya que en el momento que se aplica la medicación al paciente se sabe que fallecerá en 24-48 horas, por tanto acorta la vida irremediablemente" y hablar de otra cosa es "hipocresía política".
Asimismo, explicó que no entiende por qué la ley "no es nacional, dejando a los ciudadanos a merced de los pensamientos e ideas políticas dependiendo de la comunidad en que residan a esto se le llama agravio comparativo y discriminación".
Seguridad jurídica pero para toda España
Por su parte, la Asociación Derecho a Morir Dignamente aseguró ayer que este proyecto de Ley es un "paso positivo" que garantizará la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familiares al tiempo que evitará casos como el de la italiana Eluana Englaro en esta comunidad.
Según afirmó el portavoz de esta asociación, César Caballero, con esta ley "casos como el de Eluana será imposible que se den en Andalucía", confiando a su vez que sea el primer paso para la implantación de una norma similar a nivel nacional, como sucedió anteriormente cuando Cataluña aprobó la creación de un testamento vital.
A su juicio, la sedación no es sólo un derecho de los pacientes en situación de agonía sino una obligación como demostró el caso de Leganés, explicó Caballero en declaraciones a Europa Press, por lo que es necesario que haya una norma que regule este tipo de prácticas.
No obstante, reconoció que a la norma le faltan ciertos "flecos" de carácter más técnico que espera se corrijan durante su tramitación parlamentaria, advirtiendo de la dificultad de elaborar una norma que "no puede atender el cien por cien de los casos".
Por contra, el presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga señaló ayer que esta norma que es otra medida del "proyecto extremista y de muerte de Zapatero".
En declaraciones a Europa Press, Arsuaga dijo que no "es una aprobación legal de la eutanasia", pero advirtió de que "reduce la protección de la vida". "Cuando más protección necesita, se reduce", agregó.
Finalmente, indicó que lo que hace el Gobierno andaluz con esta ley es "someter un bien absoluto a un criterio economicista" y añadió que la intención de este tipo de legislación es "ahorrar dinero".
Valoraciones de los partido políticos
A nivel político, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, consideró que el proyecto de Ley de Muerte Digna llega "demasiado tarde" por ser fruto de un consenso estatutario, mientras que aseguró que su formación no valorará el citado proyecto hasta que no tenga acceso al texto finalmente aprobado y que aún desconoce.
No obstante, Oña dijo en rueda de prensa que el PP está a favor de que los andaluces tengan derecho a una muerte digna, "ahorrándose todo sufrimiento innecesario e inhumano". Y es que, según añadió, "todos los médicos de los países democráticos aconsejan que se acorten los padecimientos innecesarios".
En esta línea, la dirigente popular insistió en que la Junta podría haber presentado antes este proyecto de Ley que trata de dotar de derecho esta cuestión. Si bien, Oña recordó que el PP defiende el derecho a la muerte digna, pero que se posiciona en contra de cualquier atajo que conduzca a la muerte, refiriéndose a la eutanasia.
Por su parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, Isabel Muñoz, consideró que con este proyecto de ley "los pacientes podrán ver reconocido su derecho a no recibir ciertos tratamientos si así lo desean, independientemente de que están en una institución sanitaria pública, privada o incluso religiosa".
La secretaria de Bienestar Social aclaró que se trata de "defender los derechos del principal afectado, el paciente" e incidió en que no entran dentro de esta ley "ni la eutanasia ni el suicidio asistido ya que desde Andalucía no tenemos competencia para legislar estos aspectos".
Muñoz afirmó que la Ley de Muerte Digna debe ser recibida como una "buena noticia" que defiende "la libertad y el derecho a decidir" y supondrá un "fuerte reforzamiento de los derechos del paciente" que verá como sus decisiones para paralizar un tratamiento o rechazar una intervención "deberán ser respetadas en todo momento".
