Entre ambos manejaron hasta el último hilo de la Administración andaluza durante 23 años, pero a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán la historia les colgó hace unos años el cartel de “ex” y les relegó a un discreto segundo plano tras el que han preferido parapetarse con extrema discreción. Esa retaguardia táctica, forzada en lo político por el ascenso fulgurante de Susana Díaz pero también por el peso de las causas judiciales, tendrán que abandonarla esta semana por la coincidencia en el calendario de los dos enormes frentes que amenazan con zarandear sus jubilaciones: las tramas de los ERE ficticios y de los cursos de formación.
Los grandes fantasmas que manchan en los tribunales la herencia socialista al frente de la Junta apuntan desde hoy hacia los dos exinquilinos de San Telmo. Esta tarde, a las 16:00 y a las 19:00, la comisión de investigación que indaga en el presunto fraude de la formación sufragada con fondos públicos en Andalucía desde el año 2002 disparará por elevación hacia Chaves y Griñán, los que eran los dos máximos responsables del entramado administrativo en la región durante el periodo investigado. El plato fuerte se reserva para mañana, con la comparecencia a la 18:00 de Susana Díaz, en horario libre de los informativos de sobremesa pero obligada a ofrecer detalles de su gestión.
La oposición se frota las manos porque tras la ausencia sonada de la ministra Báñez, las decenas de testimonios contradictorios sobre el impacto real del fraude y un puñado de negativas a responder a las preguntas podrá reclamar pormenores, en primera persona, a quienes se sentaron en la cúspide del poder de la Junta. Otra cosa es que el testimonio de los expresidentes aporte realmente esta tarde claridad sobre el entramado de aquel supuesto descontrol en las ayudas a la formación para desempleados que acabó arrojando por el sumidero subvenciones por valor de más de 3.000 millones sin que siquiera se exigiese justificar a las empresas la celebración de los cursos.
La batería de preguntas puede ser interminable. Saldrá a relucir, por ejemplo, la polémica Faffe, la fundación laboral en la que convergieron dos grandes desmanes: un agujero alimentado en tiempos de Chaves por el que se esfumaron cantidades millonarias y, al mismo tiempo, una auténtica maquinaria de contratación de familiares y afines al PSOE. Tanto, que para Susana Díaz recolocar a los 1.700 trabajadores en nómina (la mayoría sin ocupación alguna) en el SAE le valió una sonora derrota parlamentaria hace semanas. Los cursos de la difunta Delphi o por qué se libraba a las empresas de justificar los cursos también florecerán esta tarde durante el carrusel de preguntas.
Los ERE, esa amenaza
La casualidad, o quizás la multiplicación de frentes, ha forzado que Chaves y Griñán no sólo hayan tenido que preocuparse estos días de sus comparecencias ante la comisión. Sobre ellos planea también, en paralelo, el fantasma que les persigue desde hace años: los ERE. Todo hace indicar que el juez Álvaro Martín dará en apenas días el paso decisivo de convertir las diligencias previas en su contra en procedimiento abreviado. Traducido, se acercan al banquillo. Tanto uno como otro están señalados en el grupo de 51 altos cargos a los que se imputa responsabilidad en la pieza política de la trama, el sistema acuñado para la concesión de las ayudas sociolaborales derivadas hacia prejubilaciones ficticias. Se les acusa de prevaricación administrativa, no de malversación de caudales, pero para el PSOE eso en puertas de la campaña suena a maldición.
No era “cosa de 4 golfos”, según el PP
El escándalo de los ERE ficticios no fue “un caso de cuatro golfos” sino “una trama que viene desde la propia Administración autonómica y que ha repercutido negativamente en la situación de los desempleados”. El PP ha vuelto a oler sangre en el gigantesco fraude que señala a Chaves y Griñán y no está dispuesto a soltar la presa. Carmen Crespo exigió ayer que los fondos se recuperen y reviertan en los parados.
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