La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ultima un plan de control con el que pretende cortar de raíz las irregularidades y el fraude que durante una década afloró en torno a los cursos de Formación Profesional para el Empleo, cuyas convocatorias volverán a reeditarse a finales de mes tras años de parálisis por los escándalos.
Esa vía de inserción laboral, uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Junta de Andalucía en forma de macrocausa en los juzgados y comisión de investigación parlamentaria, contará a partir de ahora con un sistema de “evaluación continua” que ejercerá de cortafuego contra el riesgo de nuevas irregularidades.
Lo avanzó este martes en Acento Andaluz, el programa de Ondaluz TV, el propio consejero, José Sánchez Maldonado. Entre las nuevas medidas, se impondrá la “concurrencia competitiva para que los cursos no puedan ser asignados de forma discrecional”. Las empresas que impartan los cursos deberán estar además debidamente homologadas y éstas, por último, no podrán subcontratar la formación, por lo que deberán acreditar que cuentan con medios suficientes para impartirla. Además, ahora se primará más “la experiencia de los docentes, no la de la entidad en sí”.
El consejero aseguró que no tiene “inconveniente alguno” en sentarse el día 31 ante la comisión de investigación porque durante su etapa en el cargo no ha hecho más que “aplicar el Derecho Administrativo” sin salirse “nunca de los raíles”. Tampoco comparte las críticas de la oposición sobre los obstáculos en la entrega de los expedientes requeridos, ya que se han “atendido todas las peticiones” y su departamento, en paralelo, está realizando “un trabajo de revisión sin parangón” que estará culminado “a finales de este año”.
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