Sindicatos y empresarios han respaldado las medidas que la Consejería de Vivienda pretende poner en marcha para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler y aflorar el stocks de vivienda residenciales no vendidas, pero tienen sus exigencias. Mientras los sindicatos piden que sea la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) la que avale a las rentas más bajas, los constructores demandan a la Junta “más concreción” en las medidas para analizar su impacto en el sector.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se reunía la semana pasada para proponer a los agentes económicos y sociales una serie de medidas destinadas a la promoción del alquiler con opción a compra, la convocatoria pública para hacer aflorar el stock de viviendas libres y evitar los desahucios de familias que no puedan pagar sus cuotas hipotecarias.
Así, la Consejería de Vivienda, a través de su empresa EPSA, comprará viviendas protegidas de promociones viables, pero bloqueadas por no tener acceso a préstamos algunos de sus compradores, y se las alquilará con opción a compra por unos 324 euros al mes y de ellos el 70% se le descontaría luego del precio, una medida que obligará a EPSA a endeudarse en 400 millones de euros.
Según Espadas, la medida de fomento de alquiler con opción a compra a 10 años es “la más importante” y la que puede ayudar más al sector, pues intentarán “desbloquear y rescatar” 191 promociones con 5.800 VPO que se calificaron en 2007 y 2008 -éstas dentro del 32% que está atascado de las 14.200 calificadas el pasado año-, cuando ya en lo que va de 2009 hay 8.124 calificadas.
Para llevar a cabo esta medida coyuntural, se analizarán con las entidades financieras la viabilidad de cada promoción y la garantía del promotor, y “si el análisis es positivo” EPSA adquirirá sólo aquel número mínimo de viviendas que permita desbloquearlas y ejecutarlas.
La segunda medida persigue que “aflore” el parque de vivienda libre sin vender que tienen promotores privados y entidades financieras, cuya estimación fluctúa mucho al cifrarla unos en 158.000 y otros en casi 100.000, mientras que las cajas de ahorro tienen entre 3.000 y 3.500 por embargos e impagos. La idea de la Consejería es convocar un anuncio público para ofertar las viviendas que cumplan unas determinadas condiciones: su valor estará en torno a 180.000 y 200.000 euros como máximo, debe tener entre 60 y 120 metros cuadrados de superficie, su precio final de venta será el valor de la hipoteca concedida para su construcción y el adquirente no tendrá que pagar entrada.
También se buscarán productos financieros específicos con las entidades financieras para que se facilite temporalmente -los primeros años- el pago de los préstamos a quienes cumplan los requisitos, sin que se contemple la posibilidad de dar “ayudas económicas a fondo perdido al parque de viviendas libres”.
Familias en desahucio
Por último, para familias con pocos recursos y en riesgo de desahucio de su casa habitual por no poder afrontar la hipoteca, la Junta plantea que EPSA califique su vivienda como protegida y la adquiera “para que puedan seguir en ella pagando un alquiler y con opción a recompra”. Las familias (unas mil podrían verse beneficiadas) deberán acreditar, por ellas y por su entidad financiera, su situación socioeconómica y su posible embargo o desahucio, además de que la casa deberá tener unas características que permitan calificarla como VPO de alquiler con opción a compra y antes tendrá que haber sido amortizada al menos dos años.
Tanto CCOO como UGT han respaldado estas medidas, aunque han propuesto conjuntamente una complementaria. Así, los sindicatos han pedido que EPSA figure como aval de aquellas familias con rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem que pretendan adquirir una vivienda protegida de régimen especial y cuyo crédito haya sido denegado “cumpliendo todos los requisitos”.
Los sindicatos resaltan que, mientras el problema de la falta de suelo comienza a resolverse, ahora “el nuevo problema de la financiación a adquirientes y promotores”, por lo que esperan que el esfuerzo de la Consejería de Vivienda se vea respaldado por el sector financiero, pues “las entidades no pueden pasar de cien a cero y pasar de conceder créditos sin apenas garantías a poner ahora todas las pegas del mundo”.
Stock de viviendas libres
Tras destacar que la medida para evitar el desahucio “es de justicia social”, fuentes de CCOO reconocieron a Europa Press que la medida para conocer el stock de viviendas libres “no sabemos qué impacto puede tener y estará en función de los productos financieros que se arbitren para estimular el mercado libre”.
Por su parte, el secretario general de la patronal de constructoras y promotoras andaluzas, Fadeco Promotores, Emilio Corbacho, valoró estas medidas de choque, aunque demandó “mayor concreción”, especialmente en la convocatoria pública para aflorar el stock de viviendas, y que los compromisos se planteen “en un documento, negro sobre blanco”, con vistas a poder analizar su impacto en el sector. Corbacho indicó que las tres medidas planteadas por Espadas “en principio nos parecen bien”, aunque indicó que “todavía están sin concretar muchos aspectos que se deberán debatir en el seno de la comisión, por lo que se puede llegar a acuerdos”.
Reconoció que la Junta concretó más la medida referida a promover el alquiler con opción a compra a través de la EPSA, buscando garantías tanto para el promotor como para la promoción de cara a las entidades financieras, “algo que estará relacionado con la viabilidad de las promociones, en función de su ubicación y tipología”.
En cuanto a la medida para hacer aflorar el stock de viviendas libres, “la Junta fue menos concreta” e indicó que “está por ver cuantas estarán dispuestas a entrar en esta convocatoria”.
CCOO y UGT anuncian movilizaciones
Mientras se arbitran estas medidas, el sector de la construcción no se escapa a los conflictos laborales. Así, las federaciones de la construcción de CCOO-A y UGT-A estudiarán emprender acciones legales en los juzgados, incluso por la vía penal, ante la falta de acuerdo con los empresarios de la construcción para aplicar en los convenios provinciales la subida salarial pactada a nivel nacional, una “cerrazón” ante la que las centrales responderán con la convocatoria de movilizaciones en toda Andalucía, que pueden culminar en una huelga general en todo el sector en la Comunidad.
Según fuentes sindicales, los actos de conciliación celebrados en los Sistemas Extrajudiciales de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Almería, Málaga y Jaén se resolvieron sin acuerdo, desacuerdo que se une al ya registrado en Granada, a pesar de que sí se llegó a una conciliación para la provincia de Huelva.
