Han estado cuatro años campando por sus fueros a base de desafueros, diciendo que sus políticas económicas (léase recortes y sufrimiento) eran por el bien del país y una cuestión de necesidad, cuando en realidad era política y aplicación de una ideología amplia de derecha destinada a limitar o directamente suprimir acciones sociales, con el objetivo de empobrecer y de poner la pena en quienes con tanto esfuerzo habían cosechado algo. Porque, ni han reducido el déficit público, ni han hecho descender el endeudamiento del Estado, al contrario, han disparado la deuda pública, así como no han logrado aumentar el número de afiliados a la Seguridad Socia, hasta lo que el sistema necesita, y para remate, han hundido el mercado de trabajo, sin bajar el paro como prometieron, y desde luego, dejando un panorama de precariedad, temporalidad e inestabilidad laboral difícilmente soportable. Ya advirtió Cáritas en 2014 que atender a los 700.000 hogares sin ingresos hubiera costado la mitad de lo que se pagó por el rescate de las ruinosas autopistas. Pero cuando solo sabes hacer políticas desiguales y antisociales dejas caer a la mayoría para mantener a una minoría privilegiada, arbitras medidas contra las clases medias y populares, mientras que los privilegiados y los que viven de y en el lujo ven aumentar sus riquezas. Baste como ejemplo que la tres grandes eléctricas de España ganaron un 18 por ciento más en noviembre de 2015 que en el mismo periodo de 2014, a costa de un servicio esencial que no debería dar beneficios, y que supuso, en ese mismo periodo, una ganancia de 4.218 millones de euros, cantidad suficiente para rescatar dos veces las familias empobrecidas por, repetimos, políticas de derecha; y todo ello, mientras que en aquel mismo periodo se hablaba de que el 11 por ciento de la población española (5,1 millones de personas) no tenía dinero para calentar sus viviendas. Todo esto debería servir para que reflexionáramos muy bien en quién depositamos nuestro voto, pero, ni tiempo parece que nos dejan, cuando, entre caso y caso de corrupción se entremeten unos papeles llamados de Panamá que dejan en evidencia quién es el que paga y quién no, y que desde luego, dan la razón a aquella denostada jurista, porque, Hacienda, no somos todos.
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