La juez María Núñez Bolaños ha abierto otra pieza separada en el caso de los ERE fraudulentos relacionada con los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo --fallecido en enero-- y José María Sayago, y en la misma ha incluido como "penalmente responsables" a un total de 15 personas, entre ellas los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
Hay que recordar que, en un auto dictado el 9 de noviembre de 2015, la magistrada rediseñó la división del caso ERE y desgajó de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.
En un auto fechado el 14 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda incoar diligencias previas en relación a la pieza de Rosendo y Sayago e incluye en la misma, además de a los exconsejeros citados, a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
De igual modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE); la exsecretaria de Guerrero María Ángeles Gala; la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, o el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.
La juez, que considera que podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, relata que Rosendo y Sayago habrían constituido un "numeroso" grupo de empresas, "estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades".
De esta manera, añade la instructora, se posibilitaría "mediante este número de sociedades interpuestas que el grupo controlado" por Sayago y Rosendo "percibieran, en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía, fraccionadamente y de modo coordinado, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA".
La juez indica que el total de las ayudas ascendió a 34 millones de euros y precisa que, "de estos 34 millones, existieron resoluciones de ayudas" por parte de los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero por importe de 27.928.772 euros, "suscribiéndose convenios con IFA/IDEA para materializar estas ayudas por importe de 16.461.132 euros".
Al hilo de ello, señala que las sociedades referidas estaban divididas en tres grupos, el primero de los cuales estaba constituido por la entidad municipal del Ayuntamiento de El Pedroso Sodelp (Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso), de la que José Enrique Rosendo sería vicepresidente y José María Sayago consejero delegado, "habiendo sido ambos concejales" de este Ayuntamiento, y por las entidades Construcciones y Urbanismo Sierra Norte y La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte, "en las que el socio único era Sodelp".
SOCIEDADES SIN TRABAJADORES NI ACTIVIDAD "APARENTE"
En el segundo grupo, según especifica la instructora, la entidad matriz sería Arcadia Emprendedora (actualmente Negocio y Economía 24H), una entidad "sin trabajadores y sin aparente actividad, más que desde ella controlar al resto de sociedades", a la que se sumarían otras sociedades como Tierra Virgen de Alimentación, Restaurantes Andaluces de Calidad, Capital Andaluz Siglo XXI e Ibérica de Exportaciones y Transacciones.
"Gran parte de estas sociedades, como Capital Andaluz, Arcadia, Tierra Virgen, Ibérica de Exportaciones, Corral del Conde, MSM Montanera de Jabugo, Sael, Maestrazgo, carecerían de trabajadores y de actividad aparente", asevera la magistrada, que añade que existen otras sociedades que "cuando recibieron la resolución de subvención no tenían trabajadores, como Alimentos Tradicionales o Al Ballut", mientras que La Jarosa "recibiría una subvención en 2004 y en 2005 dejaría de tener actividad".
Finalmente, el tercer grupo estaría constituido por la sociedad cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente, Eduardo Lora Ruiz, "tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades antes mencionadas de Rosendo y Sayago, como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, Sociedad de Servicios y Envasado".
Según la instructora, tanto Rosendo como Sayago "controlarían" estas sociedades de tres formas, como son por su pertenencia a los órganos sociales, por pertenecerles bien directamente o a través de las sociedades vinculadas la mayor parte de las participaciones sociales, "siendo los verdaderos dueños de las mismas", o por estar autorizados en sus cuentas, "especialmente en las que recibieron las ayudas".
LA HIJA DE VIERA
Seguidamente, la juez analiza las subvenciones recibidas por hasta 18 de estas sociedades, entre ellas la de 2,6 millones concedida a Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde destaca que, "de los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvo empleada la hija del consejero de Empleo Sonia Viera, contratada desde abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta 'responsable de comunicación del grupo'".
En esta empresa también "estuvo contratado Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, desde marzo o abril de 2004, y en ocho meses como director de marketing cobró 34.892,49 euros", pone de manifiesto la juez, que a lo largo del auto resalta el hecho de que, "de manera reiterada, las necesidades financieras de las empresas de los imputados son solventadas mediante subvenciones públicas".
La juez acuerda incluir en esta pieza a "todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas".
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