Las aguas que el ministro de Hacienda en funciones intentó calmar el viernes en torno a la mesa en la que sentó a los representantes de todas las comunidades autónomas no sólo no se han sosegado sino que bajan incluso más revueltas. Cristóbal Montoro había convocado de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un único punto del día, pero de qué calibre: ratificar, para quien se resista a oírlo, que los Gobiernos regionales deben ir preparando la podadora para asestar a sus Presupuestos en vigor el recorte que les corresponda por el desvío del déficit público en 2015. Por si quedaba duda, unas horas después el Consejo de Ministros aprobaba un hachazo de 2.000 millones en el gasto del Estado para apaciguar nervios en Bruselas.
Las comunidades autónomas se han rebelado, con especial virulencia las gobernadas por el PSOE pero incluso también, aunque más en susurro que en voz alta, las del PP. “No habrá recortes”, repite desde hace dos semanas la presidenta andaluza, Susana Díaz, con el reloj jugando en contra porque Madrid le exige que detalle ya el plan de ajuste para hacer frente a los 600 millones que le toca asumir por el desvío de sus cuentas públicas en 2015. La Junta está dispuesta a sacar los tanques y arriesgarse a la insumisión, opción reforzada como poderoso argumento en vísperas de lo que se intuye como inminente precampaña electoral hacia el 26J.
Agravios y cruce de cuchillos al margen, el problema es definir qué se entiende por “incumplimientos”. Con el cuadro oficial del Ministerio de Hacienda en la mano Andalucía, por ejemplo, ha suspendido en cinco de los seis últimos exámenes anuales (todos los que van de 2010 a 2015, salvo el ejercicio de 2013 en el que fue capaz de respetar las duras exigencias del Gobierno central para, paradojas, inaugurar otro nuevo contencioso por los plazos y la cuantía de la devolución de parte del excedente de fondos que recibió).
En algunos casos, como en 2011, la desviación del déficit andaluz se disparó por encima de los dos puntos (del 1,30% de tope hasta el 3,37% con el que se despidió un año que fue preludio del peor tramo de una crisis que aún no había asomado su peor rostro). En el resto de ejercicios, el exceso osciló en torno a las cuatro décimas (2010, 2014 y el ya polémico 2015, finiquitado con un 1,13% que ha desbordado el 0,7% autorizado). El duro ajuste de 2012 permitió hacer prácticamente los deberes, con seis mínimas centésimas por encima del listón, y 2013 confirmó un escrupuloso respeto a los mandamientos de Madrid que fue acuñando ya el lema que la Junta luce desde hace meses como medicamento contra lo que cree un agravio constante: “Andalucía cumple” y por eso, denuncia la Administración regional, no merece el trato que recibe.
Eso es lo que confiesan las cifras oficiales, pero las comunidades niegan la mayor: cómo se diseñan los techos máximos que creen imposibles de cumplir. La gota que ha colmado el vaso ha sido la inclusión del gasto derivado de los tratamientos para combatir la hepatitis C en contra de lo comprometido en su día por el Ministerio de Sanidad. Pero hay más: desde Andalucía se clama desde hace años, por ejemplo, contra un sistema de financiación autonómica caducado que la Junta considera que le penaliza porque, entre otras cosas, no atiende a criterios como el volumen de población.
Un rosario de afrentas...
Con el voto en contra sólo del PP, el Parlamento de Andalucía reclamó hace diez días al Gobierno central que le condone a la comunidad los más de 4.000 millones a los que asciende el desfase de fondos recibidos por las deficiencias del sistema de financiación autonómica, denostado como “infrafinanciación”. En la proposición se reclamaba también que el interés que aplica la Administración al Fondo de Liquidez Autonómica, los préstamos estatales que la Junta censura pero a los que ha vuelto a adherirse para agarrar un salvavidas de 1.247 millones con el que hacer rente a pagos, sea del 0%. El penúltimo agravio es, según la Junta, que la Administración central se reserve un objetivo de déficit más flexible que el regional.
Un nuevo modelo
El PSOE abandera desde Andalucía una propuesta de cambio de modelo que daría la vuelta al calcetín del sistema y según el cual los techos de déficit no se impondrían sobre territorios o administraciones, sino sobre políticas concretas. Traducido, el Ministerio de Hacienda no establecería límites al endeudamiento a Andalucía en global sino a su gasto en sanidad o educación, reconociendo así el esfuerzo de las comunidades para afrontar las partidas más cuantiosas.
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