El exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda ha subrayado este viernes que, tras un año y medio siendo investigado por supuestas irregularidades en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, se está demostrando que "todo es absolutamente legal" y que los cursos que impartieron sus empresas de formación fueron "realizados, pagados y justificados", por lo que es la Junta la que "debe a los empresarios".
Ojeda, que comparecerá el próximo día 11 ante la comisión de investigación del Parlamento y una semana después ante la juez María Núñez Bolaños, ha subrayado que los tribunales están dando la razón a los empresarios --Ojeda está investigado junto a 400 más-- y que es la Junta la que les tiene que pagar lo que les debe. Como eso no se produce, se ha presentado una querella criminal contra la Administración autonómica, ha explicado el empresario.
Asimismo ha rechazado que sus empresas realizaran altas de trabajadores ficticias subrayando que a los empleados "se les contrató y se les pagó" y ha incidido en que los tribunales están confirmando que fue así y "nos están dando la razón en todos los sentidos".
COINCIDENCIA CON LA CAMPAÑA
En su entrevista, Ojeda ha insistido en la coincidencia de la judicialización del caso con la campaña electoral de las pasadas autonómicas y en ese punto ha señalado que a sus 67 años "nunca, nunca" había tenido problemas con la Justicia hasta "ahora, con la campaña".
El empresario ha aclarado que no piensa que la Justicia haya colaborado en que las detenciones se produjeran en campaña, pero sí que éstas coinciden "en una fecha y con unos nombramientos de libre designación de inspectores jefe de Policía". Ojeda también ha indicado que se ha denunciado a los policías por falsificación documental y por detención ilegal.
Además, ha dicho que, porcentualmente el Gobierno central, gobernado por el PP, y otras comunidades autónomas, han subvencionado a sus empresas muchos más cursos de formación que la Junta; y ha censurado que este caso haya tenido una mayor repercusión en Andalucía cuando "lo casos graves, graves se han dado en Madrid o en Galicia" mientras que en Andalucía "se está demostrando que todo fue absolutamente legal y que puede haber casos administrativos pero no penales".
