Iberdrola y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad en esta comunidad autónoma.

El acuerdo ha sido ratificado esta mañana por Fernando Rodríguez, presidente de la FAMP, y Alfonso Calderón, delegado institucional de Iberdrola en Andalucía.

El objeto del convenio sellado hoy, en el marco del compromiso de las dos instituciones con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, es establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre la FAMP e Iberdrola de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad autónoma o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.

La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico de su vivienda habitual con Iberdrola en esta región y que, previa valoración técnica y solicitud de los servicios sociales municipales, puedan ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Al hilo de la firma de hoy, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado que “somos conscientes de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual, y actuamos en consecuencia. Así, en España, hemos puesto en marcha un protocolo y estamos firmando distintos convenios con Administraciones Públicas y ONG para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los clientes económicamente vulnerables, con lo que en breve plazo estará protegida la totalidad de clientes de Iberdrola pertenecientes a este colectivo”.

En el marco del convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogándose tácitamente por periodos anuales, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro de electricidad a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión, por parte de esas Administraciones, de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.

Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios y a los servicios sociales municipales, el asesoramiento en materia de eficiencia energética y la información que precisen sobre los distintos aspectos relacionados con el objeto del convenio sellado hoy.

Finalmente, ambas instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del acuerdo, a la que aportarán dos miembro cada una.

Política General de RSC del Grupo Iberdrola

Este convenio responde a la reciente aprobación y aplicación, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la Política General de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo: https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/responsabilidad_rsc.pdf

El objetivo de esta política es establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume Iberdrola, así como servir de base para la integración de la responsabilidad social en el modelo de negocio del Grupo y en su estrategia.

En concreto, este documento ha añadido un nuevo punto en sus principios de actuación respecto a sus principales grupos de interés mediante el que Iberdrola se compromete a “prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas”.

El Grupo completa así los principios que rigen la relación con sus clientes, que incluyen además aspectos como el respeto y cumplimiento de las normas que regulan las actividades de comunicación y marketing; la protección de la salud y la seguridad durante todo el ciclo de vida de los productos comercializados; la confidencialidad de los datos; la difusión de información para promover un uso racional, eficiente y seguro de la electricidad y el gas; el seguimiento de los niveles de calidad ofrecidos; la búsqueda continua de un mejor suministro y el acceso efectivo a la información de los clientes con dificultades idiomáticas o sensoriales.