La Fiscalía Superior ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que incoe diligencias de investigación penal contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla (US).
Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, ha sido este mismo jueves cuando la Fiscalía Superior, con sede en Granada, ha remitido al Alto Tribunal andaluz el decreto en el que insta la incoación de diligencias contra el actual consejero, que posee la condición de aforado.
Como miembro del Consejo de Gobierno andaluz, según el Estatuto de Andalucía, la investigación y eventual enjuiciamiento para exigir posibles responsabilidades correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La apertura de la investigación del departamento que dirige Jesús García Calderón se produce después de que la denuncia que interpuso el 27 de marzo de 2015 el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que la Provincial tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.
El actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense fue denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa al entender el colegio que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
Los denunciantes consideraron "contradictorio" que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.
Así, el Colegio de Arquitectos aseguraba que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación, y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la US "nunca" ha puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.
