La reforma a la baja del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, el gravamen que obliga a pasar por la caja de la Administración a todo ciudadano que reciba un bien en herencia, se coló hace meses en la batalla política y amenaza con no abandonarla durante lo que resta de legislatura. Bandera de la desigualdad para unos y prioridad secundaria para otros, alimenta titulares y confrontaciones parlamentarias aireando además una evidencia: los datos y las conclusiones fluctúan de forma pendular en función del partido que los esgrime. Se ha convertido, por calculado interés, en el tributo de las contradicciones. Éstas son sólo algunas.
“La iniciativa es nuestra”
Salvo Podemos e IU, al margen de la refriega, el resto de partidos se arroga la paternidad de la reforma. Cierto que el PSOE contempló la rebaja gradual del impuesto en su programa electoral y en el discurso de investidura posterior de Susana Díaz, pero es C’s quien le fuerza, con beligerancia, a cumplir la promesa recordándole que figura como prioridad en el pacto entre ambos que le abrió San Telmo. Desde la otra orilla, el PP impulsa sin éxito proposiciones de ley para la bonificación total que o son vetadas por el Consejo de Gobierno o mueren en el trámite parlamentario. Como herramienta de presión, recoge firmas a favor de la reforma.
“Es un impuesto injusto”
Ese punto, sobre el que pasa de puntillas la Junta, parece incontestable. PP y C’s martillean una y otra vez el oído de la consejera de Hacienda con el argumento de que heredar en Andalucía puede llegar a ser “cien veces más caro” que en Madrid, la región donde menos se tributa. Andalucía es, con Asturias y Murcia, la comunidad que aplica el impuesto más alto. Un ejemplo: una herencia que entre otros bienes incluya una vivienda de 130.000 euros de valor catastral paga al fisco 62.000 euros, mientras en Madrid apenas superaría los 600.
“Sólo lo pagan los ricos”
Aquí, como en casi todo, aflora el nada inocente matiz ideológico. Al PSOE le interesa difundir como verdad suprema que en realidad C’s y PP sólo intentan beneficiar a las clases más pudientes, las que amasarían las herencias más suculentas. “Sólo pagan los ricos”, ha repetido hasta en dos ocasiones el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras los Consejos de Gobierno recordando que apenas el 7% de los 267.553 andaluces que heredaron en 2015 tuvieron que abonar algo. El 93% restante, los supuestos no-ricos, no soltó un céntimo porque lo recibido no sobrepasaba los 175.000 euros, el máximo exento en la normativa andaluza. “Hoy en día una vivienda sobrepasa eso, por no hablar del precio de las tierras. Heredar un euro más de 175.000 no es sinónimo de ser rico”, replica C’s.
“Crecen las renuncias”
El gran caballo de batalla. El PP airea sin descanso que las renuncias a herencias no dejan de crecer en Andalucía. Los datos oficiales del Consejo General del Notariado le dan la razón: 30.400 en ocho años, con una escalada desde las 1.417 de 2007 a las 6.800 de 2015. Hasta ahí el dato objetivo, porque luego cada partido lo cocina a su gusto. Donde el PP ve un síntoma de que se rechazan los bienes por no poder costear el impuesto la Junta intuye sólo una evidencia de la crisis y de que las deudas que deja el fallecido superan el valor de los bienes y no compensa aceptar. Hay un dato que los populares no lucen: en Madrid, donde el gravamen es casi inexistente y heredar debería ser por tanto idílico, también se han disparado las renuncias: casi 21.500. Ni unos ni otros salen vencedores en este punto por una evidencia: cuando alguien renuncia a una herencia no está obligado a aclarar por qué lo hace.
“Hay una fuga fiscal”
El PP habla de miles de casos de andaluces que emigrarían a Madrid antes de legar sus bienes para que sus descendientes paguen menos, con la Duquesa de Alba, que nunca se cita, como ejemplo recurrente. La Junta replica que sólo detectó 81 casos en 2015 y por movilidad laboral. De nuevo aflora la picaresca política: cambiar de ciudad no obliga a justificar por qué.
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