La trama orquestada en torno a los cursos de formación de la Junta se ha cobrado otras cuatro detenciones de altos cargos de la Administración regional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional colocó hace días la lupa de la ‘Operación Edu’ en Huelva y en concreto sobre la cúpula del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en esa provincia hasta salpicar a su exdirector provincial, Eduardo Manuel Muñoz García; el secretario general de la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, José Martínez Iglesias, y los jefes de servicio de Formación y del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, José Ángel Gil Flores y Manuel María Velázquez Cabrera, respectivamente. A todos se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según confirmaron fuentes de la investigación, esos cuatro altos cargos habrían manejado y autorizado ayudas a más de 200 empresas por valor de 12 millones sólo en 2011, de los que la Udef calcula que 2,9 millones podrían haber sido defraudados.
La Policía, según informaba ayer Europa Press, acusa a Muñoz de manejar el organismo “de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales” y le atribuye incluso haber apartado de su entorno a funcionarios que se negaban a compartir sus prácticas irregulares. La estrategia utilizada sería tan simple como decidir con criterios meramente discrecionales a qué empresas se les concedían las cuantiosas subvenciones sin comprobar que cumplieran los requisitos legales. Las mismas fuentes apuntan que concedió al menos una ayuda a sabiendas de que era contraria a Derecho y que cometió “fraude de ley” al ocultar otra decisión bajo la firma del secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva.
La Consejería de Empleo llegó ayer a negar la versión policial alegando que los cuatro cargos públicos nunca fueron detenidos, sino que declararon el martes voluntariamente tras ser citados el día antes. Habrían aportado su testimonio en comisaría, donde les fueron leídos sus derechos, y posteriormente quedaron en libertad. El PP no acepta esa teoría y reclamó ayer que se aclare “de forma urgente” el “nuevo escándalo” que salpica a la Junta.
La Junta deberá dar datos cada 2 meses
Todos los grupos del Parlamento salvo C’s, que se abstuvo, aprobaron ayer una proposición no de ley del PP en la que se reclama a la Junta que informe, cada dos meses, sobre las cuantías que ha recuperado o han prescrito de los ERE y los cursos de formación. Sobre este último caso, el consejero de Empleo reconoció ayer que quedan por justificar 632 millones.
