La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha declarado de especial complejidad otras tres piezas de las nueve en la que está dividida la macrocausa de los cursos de formación, lo que permite alargar la instrucción 18 meses más.
La decisión de la juez se produce una semana después de que hiciera lo mismo con la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Las nuevas piezas de especial complejidad declaradas por la juez se refieren a las relacionadas con los consorcios Ciomijas, CTI y Forman.
La juez ha aceptado la petición de Anticorrupción porque considera que estas piezas exigen el examen de abundante documentación y no deben limitarse a los seis meses que, como norma general, recoge la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de diciembre pasado.
De esta forma, quedan por considerarse especialmente complejas las causas del consorcio Formades, la que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y las vinculadas con los grupos de empresas del exconsejero Ángel Ojeda, del empresario José María Pérez González y de Rafael Velasco Sierra, ex vicesecretario general del PSOE-A.
La semana pasada, la juez dijo que declaraba de especial complejidad la causa del SAE porque "se investiga a un grupo u organización criminal con numerosos hechos punibles" y además hay involucrados "gran cantidad de investigados o víctimas".
Todo ello, razonaba la juez, "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas".
"Por todo ello es indudable que procede acceder a la petición formulada por el Ministerio Público", señala la juez tras recordar que el objeto de esta causa, tras su división, "es el favorecimiento concertado y dirigido desde la Consejería de determinados empresarios".
Eso se hizo, añade la juez, mediante la expedición de certificados de finalidad de las partes investigadas, y también con "la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participarían presuntamente las mismas".
