El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de un registro de personas con anomalías connatales causadas por la talidomida en Andalucía, con el fin de garantizarles un adecuado seguimiento y mejorar las medidas de atención sanitaria, rehabilitación y prevención.
Se trata de un decreto con el que se pretende dar respuesta a la iniciativa aprobada el pasado octubre por el Parlamento andaluz, en la que se instaba a la Junta al reconocimiento y la adopción de medidas sociales y económicas a las víctimas de la talidomida en la comunidad.
La talidomida es un medicamento que se comercializó en los años 50 del pasado siglo, al que se considera responsable de malformaciones en casi 10.000 personas, de las que entre 1.500 y 3.000 se produjeron en España y unas 54 en Andalucía.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado en conferencia de prensa de que la creación del registro conlleva un procedimiento de evaluación para ofrecer, a toda persona que lo solicite, la posibilidad de identificar la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida.
Ello facilitará un reconocimiento oficial de la Administración sanitaria de cara a posibles reclamaciones de los afectados ante los tribunales, ha subrayado Vázquez.
El nuevo instrumento, adscrito a la Consejería de Salud, permitirá asimismo disponer de información fiable, actualizada y completa para determinar el número y la situación de las víctimas, así como el alcance real del problema en la comunidad autónoma.
La talidomida es un principio farmacológico desarrollado por la multinacional Grünenthal en 1953, que por sus propiedades sedantes e hipnóticas se convirtió en una alternativa a los barbitúricos y fue también comercializado para el tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos durante el embarazo.
Poco después de su introducción en el mercado se observó un incremento de nacimientos de niños con serias malformaciones, como consecuencia de la exposición del útero materno al fármaco.
En España se despachó sin receta médica, vendiéndose masivamente con múltiples nombres comerciales para resfriados, asma, dolor de cabeza o ansiedad, muy especialmente para las embarazadas.
La proposición no de ley del PSOE aprobada el pasado octubre por unanimidad del Parlamento reclamaba a la Junta la puesta en marcha de un protocolo en el sistema sanitario para garantizar a toda persona que lo solicite la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida, así como la atención sanitaria que necesite.
Se trataba de crear una base de datos y un sistema informático que permita conocer el número real de afectados, personas para las que solicita una reparación moral y social derivada del daño causado, al margen de las medidas que se adopten a nivel estatal y de las ordinarias que existan en temas asistenciales o de dependencia.
La propuesta insta también a la Junta a pedir al Gobierno central que revise el Real decreto que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, al considerar que se abordó de forma incompleta.
También exige al Gobierno que presente una demanda judicial contra el laboratorio alemán Grünenthal como principal responsable del daño ocasionado.
Recientemente, el Tribunal Supremo rechazo indemnizar a los enfermos de talidomida por entender que la reivindicación está prescrita, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, donde la farmacéutica Grünenthal sí reconoció el daño causado y contribuyó a su resarcimiento con distintas cantidades económicas.
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