Miles de estudiantes no universitarios de toda Andalucía cumplen a diario con el mismo ritual: teclean sus datos personales en la web de la Consejería de Educación de la Junta, cruzan los dedos y unos segundos después la aplicación informática les devuelve un lacónico “su beca está en tramitación”. Quizás mañana haya más suerte o quizás no, porque nadie, ni en Madrid ni en sus provincias de residencia, es capaz de aventurar una fecha para el ingreso de unas ayudas que sirven para aliviar parte de los gastos generados durante un curso, el 2015-2016, que atraviesa ya su ecuador.

Para los estudiantes -en su mayoría de Secundaria, Bachillerato y FP- cobrar las becas que les reconoce el Estado se ha convertido en los últimos años en una auténtica odisea. Cuando asomó la crisis se acentuaron los retrasos, pero en Andalucía, como en Cataluña, al obstáculo común se le suma un enrevesado laberinto burocrático. Esas dos comunidades son las únicas que reclamaron al Gobierno central en su día la potestad, en el caso de Andalucía contemplada en el Estatuto de Autonomía, de gestionar las ayudas. El Ministerio de Educación costea las becas y transfiere las cantidades a la Consejería, que es quien acaba abonándolas en virtud de un convenio que se renueva cada año. Pero esa fórmula, en teoría para simplificar trámites, lo complica todo.

Mientras en las comunidades en las que el pago lo realiza directamente Madrid las becas ya aparecen en las cuentas bancarias, en Andalucía ni están ni se les espera. En cursos anteriores, el retraso respecto al resto de regiones ha llegado a ser de hasta tres meses. Y como la paciencia se agota, padres y alumnos han comenzado a movilizarse. Bombardean a diario con llamadas y correos electrónicos las oficinas del Ministerio, en Madrid, y las de la Consejería y sus delegaciones provinciales en toda Andalucía, por ahora sin éxito.

La batalla política entre dos administraciones de distinto signo, una del PP y otra del PSOE, también juega en contra. El MECyD asegura a este medio, como ha hecho en las últimas semanas a los afectados, que “el dinero está consignado y librado”, por lo que debería haber llegado ya a la Junta. La Administración autonómica lo niega, y la propia consejera, Adelaida de la Calle, reclamaba el jueves al Gobierno central en el Parlamento que transfiera “a la mayor brevedad” los 105 millones que calcula que se adeudan a 10o.000 beneficiarios de Becas Generales y de Educación Especial en Andalucía. La pelota, pues, va de un tejado a otro.

“¿Por qué tan tarde?”

José M. Quesada es uno de los miles de padres andaluces pendientes de las becas. Una de sus hijas recibió la ayuda directamente de Madrid en diciembre porque es universitaria. La segunda, estudiante de Bachillerato, es de las atrapadas en el fuego cruzado entre las dos administraciones porque el pago lo gestiona la Junta. Como el resto de los afectados espera un pago fijo de 1.500 euros, que ya debería haberse abonado, y otro tramo variable. “El año pasado el primero llegó en marzo, y el segundo lo dividieron en dos, en mayo y junio, con el curso ya casi terminado. Si se supone que una beca es para cubrir gastos del curso, ¿qué sentido tiene que den el dinero tan tarde?”, pregunta.

El descontento se canaliza a través de las redes sociales. Por ejemplo en Facebook, donde la página que aglutina protestas y frustraciones ha reunido a 1.100 afectados en un par de semanas. También intercambian información sobre sus progresos a través de Twitter, que cuenta ya con dos explícitos hashtags: #ministropagamibeca y #susananopaga, uno por cada Administración implicada.

“Te las ves y te las deseas. Una beca no es para un capricho. Es para, por ejemplo, que tu hija se pague el bonobús. Pero parece que a nadie le importa”, protesta José.

El Defensor censura el doble sistema

La movilización contra los retrasos en los pagos ha llegado al Defensor del Pueblo. En la respuesta a la queja de un afectado, Soledad Becerril censura que “no se debería mantener un sistema que retrasa hasta casi finalizado el curso la fecha de la percepción por el estudiante de las ayudas estatales (...) por el hecho de tener su domicilio en Andalucía o en Cataluña”, mientras en el resto de España se abonan antes. Además, asegura que el Ministerio le transmite su disposición a recuperar la gestión, algo a lo que la Junta y la Generalitat se niegan.